Millonario gasto de la Tasa de Seguridad en alimentos
El debate sobre la administración de la Tasa de Seguridad continúa a medida que las nuevas autoridades analizan ajustes al manejo de fideicomisos, subsidios y otros mecanismos financieros del Estado.
2 de febrero de 2026
Datos oficiales revelan que durante 2025, el Estado hondureño ejecutó más de 1,900 millones de lempiras provenientes de la Tasa de Seguridad para la adquisición de alimentos y bebidas, una asignación que ha generado cuestionamientos sobre la gestión y prioridades del gasto público en materia de seguridad ciudadana.
La información fue expuesta por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, en un reconocido foro televisivo, quien detalló que ese monto fue destinado exclusivamente a compras de productos alimenticios y bebidas bajo la cobertura del fondo que legalmente debería emplearse para reforzar las capacidades de protección y orden público en el país.
Según Hernández Hércules, el uso de estos recursos “carece de mucha transparencia”, pues ese rubro de la Tasa de Seguridad debiera ser invertido en fortalecer la operatividad de las fuerzas encargadas de la protección ciudadana, no en gastos que no guardan relación directa con mejorar la seguridad pública.
En total, durante el último año de la administración anterior, se ejecutaron alrededor de 5,186.4 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad, cuyo objetivo legal es asegurar fondos para prevenir y combatir la violencia y la criminalidad.
De ese total, aproximadamente 54 % (unos 2,793 millones de lempiras) se asignaron a la Secretaría de Seguridad, mientras que 742 millones (14 %) fueron destinados a la Secretaría de Defensa.
Sin embargo, la cifra destinada a la compra de alimentos y bebidas supera con creces el monto invertido en equipamiento policial; únicamente 135 millones de lempiras (el 3 % del total ejecutado) se destinaron a la adquisición de equipo para los agentes encargados de la seguridad pública.
Además de los gastos alimentarios, más de 1,200 millones de lempiras se emplearon en el alquiler de vehículos, incluyendo automóviles para funcionarios y otros usos administrativos, según Hernández Hércules. Este tipo de erogaciones ha abierto un debate sobre la prioridad y eficiencia del manejo de los recursos provenientes de una tasa que pretende fortalecer la seguridad ciudadana.
Organizaciones de la sociedad civil y analistas en finanzas públicas han señalado que el empleo de fondos de esta naturaleza en rubros no relacionados con la función principal de la tasa seguridad y orden público puede debilitar la percepción ciudadana sobre el compromiso estatal con la protección de la población.
Además, resaltan la necesidad de mecanismos más sólidos de transparencia y rendición de cuentas para evitar que este tipo de recursos se desvíen hacia fines que no contribuyan directamente a la reducción de los índices de violencia y criminalidad en el país.
El debate sobre la administración de la Tasa de Seguridad continúa a medida que las nuevas autoridades analizan ajustes al manejo de fideicomisos, subsidios y otros mecanismos financieros del Estado con el objetivo de mejorar la focalización de los recursos públicos y garantizar su uso eficiente y transparente.
