NACIONALES

Las recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, han encendido las alarmas sobre la politización de las Fuerzas Armadas. Al respaldar públicamente el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, Hernández ha roto la obligación constitucional de mantener la neutralidad política de la institución castrense.

Este tipo de intervención va más allá de lo que debería ser su rol, y recuerda al modelo venezolano, donde los militares se han convertido en agentes de control para el gobierno tiránico de Maduro.

Hernández, en lugar de concentrarse en sus deberes constitucionales de defender la soberanía y el orden del país, se ha plegado a los intereses del narco-familión y de Libre, lo que constituye una grave amenaza a la democracia.

Es indispensable que las Fuerzas Armadas se mantengan apolíticas, como lo dicta la Constitución, y no caigan en el juego de la manipulación política.

Hacemos un llamado firme a los subalternos de Hernández para que exijan la rendición de cuentas y deducción de las responsabilidades legales correspondientes. El artículo 272 de la Constitución es claro, en consonancia, las Fuerzas Armadas no deben obediencia a aquellos que actúan fuera de la ley.

Este episodio pone en evidencia la necesidad urgente de mantener la imparcialidad militar en Honduras, y garantizar que los responsables de este desvió de funciones sean sancionados de acuerdo con la ley.

La credibilidad y el futuro democrático de Honduras están en juego. No podemos permitir que nuestras Fuerzas Armadas se conviertan en peones de un gobierno que busca perpetuar su poder a toda costa.