NACIONALES

El Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras ha descartado la posibilidad de un retorno masivo de compatriotas tras la reciente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte del gobierno de Estados Unidos.

Wilson Paz, director del INM, explicó que aunque la medida afecta a más de 55 mil hondureños amparados por este estatus, la mayoría buscará alternativas legales para permanecer en territorio estadounidense.

Durante una conferencia, Paz detalló que las autoridades migratorias ya activaron una serie de protocolos para brindar apoyo a quienes decidan regresar voluntariamente al país. Entre estas acciones se encuentran la activación de los 18 consulados hondureños en Estados Unidos, que en alianza con bufetes legales estadounidenses proporcionan asesoría jurídica para explorar recursos migratorios alternativos, como apelaciones judiciales, solicitudes de estatus de refugiado o regularizaciones mediante vínculos familiares.

Además, el gobierno ha puesto en marcha programas de reintegración social y económica que incluyen la entrega de microcréditos, kits de apoyo para la familia y apoyo a través de instituciones financieras públicas como Banadesa y Banhprovi, con la intención de facilitar la reincorporación de los retornados a la vida productiva del país.

Según datos oficiales, desde inicios de 2025 se han registrado aproximadamente 13,656 deportaciones o retornos humanitarios desde Estados Unidos, pero estos movimientos se han dado de forma dispersa y no en grandes oleadas. Por ello, Paz enfatizó que “no creemos que habrá una movilización masiva hacia Honduras. Habrá casos individuales y distribuidos en el tiempo”.

El director del INM también lamentó la politización del tema, recordando que la cancelación del TPS responde a criterios administrativos del gobierno estadounidense y que este tipo de decisiones han afectado también a otros países. Sin embargo, aseguró que Honduras mantendrá el diálogo y negociaciones con Estados Unidos para buscar soluciones que protejan los derechos de sus ciudadanos.

Este panorama representa un desafío para las autoridades hondureñas, que deben garantizar la capacidad institucional y recursos necesarios para atender a quienes retornen, a la vez que trabajan en programas que permitan la inclusión social y económica de estos connacionales. Asimismo, se mantiene la vigilancia y asesoría para que los migrantes puedan acceder a vías legales que les permitan residir de manera regular en Estados Unidos.

El fin del TPS deja una etapa incierta para miles de hondureños, quienes hasta ahora gozaban de protección legal para residir y trabajar en Estados Unidos. Ante este cambio, el gobierno y organismos de la sociedad civil llaman a mantener la calma y la cooperación para mitigar el impacto social y económico que podría generar un posible aumento en la migración de retorno.