Medidas cautelares para 31 exadministradores y exdirectores en área de salud por el delito de fraude
Una jueza impuso medidas cautelares a 31 exadministradores y exdirectores de hospitales públicos, acusados de cometer fraude en perjuicio de la administración pública.

18 de mayo de 2025
Una Jueza Natural Designada, en Audiencia de Declaración de imputado en la causa instruida para 31 exadministradores y exdirectores de hospitales públicos les impuso las medidas de cautelares a los 31 encausados que se les supone responsables de la comisión de varios delitos de Fraude en autoría directa en perjuicio de la Administración Pública dejando supuestamente un daño a las arcas del Estado de más de 77.9 millones de lempiras.
Durante la audiencia las defensas privadas y el Ministerio Público estuvieron de acuerdo en las medidas cautelares sustitutivas, por lo que se les decretaron las medidas cautelares sustitutivas de prohibición de cambiar domicilio sin autorización judicial, prohibición de salir del país, presentación periódica a los juzgados de letras o de paz penal civil de acuerdo a sus domicilios y la constitución de garantías hipotecarias para la mayoría.
La jueza agendó la Audiencia Inicial para el cuatro de junio.
El procedimiento especial destinado a los altos funcionarios del Estado se sigue ya que en el requerimiento fiscal se acusa a la actual diputada Ariana Melissa Banegas por tres delitos de Fraude, su condición de congresista arrastra a todos los demás acusados al proceso especial que conduce una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que actúa como Juez de Primera Instancia.
En esta acusación se vincula a 14 personas más las cuales ya tienen emitida la respectiva orden de captura, para ser puestos a la orden de la Jueza que conoce el proceso, para desarrollar las audiencias correspondientes.
El Requerimiento Fiscal indica que, entre los años 2009 y 2014, mediante 208 procesos de compras, se ejecutó adquisición de equipos, medicamentos, suministros, sin cumplir con los requisitos legales establecidos en Ley de Contratación del Estado, realizando contratos y gestionando fondos sin respaldo presupuestario, favoreciendo ilegalmente a las empresas QUIMTEC, LOFARMA, INCORSA, CEDISA, DICOMER y Laboratorios D la Roja.
Las empresas supuestamente recibieron órdenes de compra millonarias sin cumplir los términos establecidos por la ley; las instituciones implicadas incluyen los hospitales y regiones sanitarias de San Lorenzo, Choluteca, La Paz, Copán, Puerto Lempira, Juticalpa, La Ceiba, Trujillo, Islas de la Bahía, El Progreso y Gracias, Lempira.
La Jueza que conoce el proceso, convocó a las partes procesales para desarrollar la Audiencia Inicial en la cual se establecerá si existe el mínimo indicio racional probatorio para continuar el proceso judicial en las siguientes etapas.










