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En medio de un ambiente político cada vez más tenso, la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, emitió este viernes fuertes declaraciones dirigidas tanto al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, como al fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya.

En su intervención, Espinoza exhortó a ambas autoridades a actuar con responsabilidad y compromiso con el Estado de Derecho, advirtiendo que cualquier intento de ruptura del orden constitucional sería inaceptable y tendría graves consecuencias para la democracia hondureña.

Espinoza recordó al general Hernández que la Constitución de la República establece claramente que las Fuerzas Armadas tienen la obligación de velar por la integridad territorial, la soberanía nacional y, sobre todo, por la defensa del orden constitucional. “Las Fuerzas Armadas no están para obedecer intereses particulares ni para convertirse en instrumento de presión política. Su papel es defender la patria dentro del marco de la ley y la Constitución”, declaró enfáticamente.

Dirigiéndose al fiscal general Johel Zelaya, Espinoza fue aún más contundente: “Si usted representa verdaderamente a la sociedad hondureña, no puede seguir siendo ciego, sordo y mudo ante las violaciones al orden democrático y la legalidad que estamos presenciando”. La diputada criticó la aparente inacción del Ministerio Público frente a denuncias y situaciones que, según ella, atentan contra la institucionalidad del país.

Estas declaraciones surgen en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado y señales de deterioro en el equilibrio de poderes. Diversos sectores sociales y políticos han denunciado una concentración de poder en el Ejecutivo y una falta de respuesta efectiva por parte del aparato judicial y militar frente a decisiones que podrían considerarse contrarias al marco constitucional.

Espinoza, una de las voces más críticas dentro del Congreso Nacional, ha venido reiterando en múltiples ocasiones la necesidad de que todas las instituciones del Estado incluidas las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público actúen como garantes de la democracia y no como cómplices del autoritarismo. “No podemos permitir que Honduras retroceda en materia de institucionalidad. Nuestro deber es con el pueblo y con la ley”, concluyó.

Su llamado se suma a los crecientes reclamos por mayor transparencia, rendición de cuentas y respeto a la legalidad, en un momento donde la estabilidad política del país enfrenta múltiples desafíos.