NACIONALES

Magistrados suspendidos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) acudieron a la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso de amparo con el objetivo de detener el juicio político impulsado en su contra por el Congreso Nacional, en un nuevo episodio de tensión entre poderes del Estado.

La acción legal fue interpuesta por el magistrado Mario Morazán junto a los suplentes Lourdes Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez, en medio del proceso legislativo que busca determinar posibles responsabilidades administrativas y constitucionales.

El juicio político también involucra a otras figuras vinculadas a órganos electorales, en un contexto de creciente confrontación institucional. Desde el inicio del proceso, los señalados han cuestionado la imparcialidad de la comisión especial nombrada por el Congreso, alegando que el procedimiento responde a intereses políticos.

De acuerdo con lo expresado por los magistrados, el recurso de amparo tiene como finalidad frenar el avance del juicio político, al considerar que se estarían vulnerando garantías fundamentales, entre ellas el derecho a la defensa. En particular, denunciaron que no han tenido acceso completo a la documentación del caso, lo que limita su capacidad de responder a las acusaciones.

La acción fue presentada ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancia que deberá analizar si procede o no la suspensión del proceso legislativo mientras se resuelve el fondo del reclamo.

Pese a esta maniobra legal, el Congreso Nacional ha continuado con el desarrollo de las audiencias, dejando claro que la interposición del recurso no implica una paralización automática del juicio político. La comisión especial ha reiterado que seguirá con la evacuación de pruebas y demás etapas contempladas en el procedimiento.

El caso se desarrolla en un ambiente de alta polarización política, particularmente en torno a las instituciones electorales, cuya actuación ha sido objeto de debate en los últimos meses. Para los magistrados señalados, el proceso representa una amenaza a la independencia judicial; mientras que desde el Legislativo se sostiene que se trata de un mecanismo constitucional para deducir responsabilidades.

A medida que avanza el juicio político, la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el recurso de amparo podría convertirse en un punto clave para definir el rumbo del proceso y el alcance de las facultades entre los distintos poderes del Estado en Honduras.