Más de 338 mil hondureños buscan asilo en el extranjero
Más de 338.000 hondureños se encuentran fuera del país en condición de refugiados o solicitantes de asilo, según datos actualizados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), presentados este 20 de junio por su representante en Honduras, Kathryn Lo, en el marco del Día Mundial del Refugiado.

21 de junio de 2025
Más de 338 mil hondureños buscan asilo en el extranjero
Más de 338.000 hondureños se encuentran fuera del país en condición de refugiados o solicitantes de asilo, según datos actualizados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), presentados este 20 de junio por su representante en Honduras, Kathryn Lo, en el marco del Día Mundial del Refugiado.
De acuerdo con el informe, 338.670 hondureños han salido del país buscando protección internacional: 100.969 han sido reconocidos oficialmente como refugiados y 237.701 están en proceso de solicitud de asilo. Esta cifra representa un aumento del 12 % con respecto a 2023, cuando se contabilizaron 302.384 casos, y refleja un crecimiento de más de 12 veces en comparación con 2015, cuando apenas se registraban 26.299 personas en esa condición.
“Hay un aumento, pero es un aumento leve”, indicó Lo en entrevista con EFE. “Ahorita hay 338.000 hondureños fuera del país que están pidiendo asilo o han sido reconocidos como refugiados”, detalló.
Según el desglose por países, el 53 % de los hondureños en busca de protección se encuentra en Estados Unidos, mientras que México alberga al 42 %. Otros destinos incluyen España (3 %), Guatemala (1 %) y Reino Unido (1 %). Estos datos confirman la persistencia de una tendencia migratoria regional marcada por la búsqueda de asilo y refugio en países vecinos o con sistemas migratorios más consolidados.
Para Kathryn Lo, las causas que obligan a miles de hondureños a abandonar su país “no han cambiado”. Entre las principales razones citó la extorsión, la violencia de género, el reclutamiento forzado, el despojo de tierras o viviendas y el control territorial ejercido por grupos criminales organizados, como las maras y pandillas. “Estas causas estructurales siguen empujando a muchas personas a huir en busca de protección”, afirmó.
La funcionaria de Acnur subrayó que toda persona que se ve forzada a salir de su país tiene derecho a solicitar asilo y debe tener garantizado el acceso al sistema de protección internacional. Asimismo, destacó que el proceso de integración en los países de acogida es largo, pero fundamental para que las personas desplazadas puedan reconstruir sus vidas con acceso a salud, educación, empleo y estabilidad legal.
La representante de Acnur también reconoció los avances del Estado hondureño en materia de desplazamiento interno, a través de la aprobación de la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia en 2022. No obstante, enfatizó que aún está pendiente la aprobación del reglamento que permitiría su implementación efectiva.
“Desde hace años se trabaja en la prevención y respuesta al desplazamiento interno. Honduras es un ejemplo en este tema”, señaló Lo, al destacar que el país ha sido uno de los pocos en la región en diseñar una legislación específica para esta problemática. Un estudio de 2019 indicó que, entre 2014 y 2018, alrededor de 247.000 personas fueron desplazadas dentro del país debido a la violencia armada.
Además del éxodo hacia el exterior, Acnur ha registrado un incremento sostenido en las solicitudes de asilo presentadas dentro de Honduras, por parte de personas provenientes de otros países. Según cifras del Instituto Nacional de Migración, entre enero y mayo de 2025 se han contabilizado 217 personas refugiadas y 309 solicitantes de asilo, incluyendo 224 nuevas solicitudes, tres veces más que en el mismo periodo de 2024.
“Esto refleja que el sistema de asilo nacional ha sido fortalecido y está respondiendo mejor a las necesidades de protección”, señaló Lo, quien además aseguró que Acnur sigue brindando apoyo técnico, capacitación y acompañamiento institucional para garantizar que el sistema sea “más accesible, más fuerte y más eficiente”.










