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La posible explotación petrolera en las aguas del Caribe hondureño ha desatado un debate en el país, especialmente en las comunidades costeras que dependen de la pesca para su sustento. Este proyecto tiene implicaciones económicas y ambientales significativas, lo que ha llevado a varias organizaciones a exigir una evaluación exhaustiva antes de proceder. La situación pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más responsable y transparente en la gestión de los recursos naturales de Honduras.

Más de 25,000 familias de pescadores artesanales que dependen del mar Caribe para su sustento se encuentran en grave riesgo ante el avance de los proyectos de exploración y posible explotación petrolera en aguas hondureñas.

Esta situación ha generado preocupación en organizaciones sociales y ambientales de Honduras y América Latina, como la Red Gran Caribe Libre de Fósiles, Oilwatch Latinoamérica y la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE), quienes han solicitado al Gobierno de Honduras la realización de un estudio técnico independiente para evaluar de manera integral los impactos económicos, sociales y ambientales de estas actividades.

Este tema cobra relevancia nuevamente debido a la continuación del Contrato de Exploración y Explotación de Petróleo en el Caribe Hondureño, aprobado en 2013 durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y retomado recientemente por el Gobierno de Xiomara Castro. Las organizaciones han destacado la necesidad de tomar decisiones basadas en criterios técnicos sólidos, participación ciudadana y un enfoque prioritario en el interés público.

Las zonas más sensibles, como La Mosquitia, donde las comunidades indígenas dependen directamente de la pesca, la agricultura de subsistencia y el ecoturismo, están particularmente amenazadas por los proyectos petroleros. Las organizaciones recuerdan que cualquier proyecto que implique el uso de recursos naturales debe ser evaluado con base en evidencia científica, cumpliendo con el marco legal y garantizando la participación activa de las comunidades afectadas.

ANAFAE también ha subrayado la importancia de gestionar los recursos naturales con el interés colectivo como prioridad, respetando la legislación vigente y asegurando que los pueblos indígenas participen en el proceso de consulta previa, libre e informada. Las organizaciones han instado al gobierno a fortalecer la gobernanza ambiental y la planificación territorial para garantizar que el uso de los recursos naturales se decida de manera transparente y con el respaldo de evaluaciones técnicas rigurosas.

Por último, han hecho un llamado a la población a mantenerse informada y respaldar la necesidad de estas evaluaciones técnicas independientes, como un paso fundamental para proteger los medios de vida de miles de familias costeras.