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Entre 2014 y el 31 de agosto de 2025, más de 128,000 menores de 18 años hondureños fueron deportados o retornados, en su mayoría desde Estados Unidos, según informó Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN).

La cifra, explicó, refleja un fenómeno migratorio que expone a los menores a situaciones de vulnerabilidad, abuso y explotación en su tránsito y retorno.

Durante el ‘Foro Internacional Migración, Desafíos y Oportunidades: ¿Rutas y respuestas?’ organizado en Tegucigalpa por catorce organizaciones de la sociedad civil, Vásquez alertó que muchos de los jóvenes deportados han sufrido abusos sexuales, explotación laboral y violencia extrema, mientras que otros desaparecieron o resultaron gravemente afectados en su integridad física. Según el dirigente, estas situaciones demandan estrategias coordinadas entre Estado, sociedad civil y cooperación internacional para garantizar protección integral a los retornados.

El foro también analizó los factores estructurales que impulsan la migración, destacando la desigualdad social, la pobreza extrema y la exclusión que caracterizan a Honduras.

Además, se planteó la necesidad de incluir políticas migratorias y de protección de la niñez en los planes de gobierno de los candidatos presidenciales, para enfrentar la “deuda histórica” que el Estado tiene con los migrantes y la infancia vulnerable.

Vásquez enfatizó que la niñez hondureña enfrenta riesgos constantes: más de un millón de menores trabajan, se registran al menos 26 abusos sexuales diarios, y entre 15,000 y 18,000 niños y niñas viven en situación de calle.

Asimismo, en los últimos cuatro años, más de 2,222 jóvenes entre 0 y 30 años perdieron la vida de manera violenta, lo que subraya la urgencia de implementar medidas efectivas para proteger los derechos de la población más vulnerable.