Más de 1,700 despidos sacuden reestructuración estatal
El proceso fue establecido mediante disposiciones oficiales que facultan a una comisión técnica para ejecutar la liquidación administrativa y financiera del personal en instituciones consideradas innecesarias o ineficientes, dentro de un plan más amplio de reestructuración estatal.
21 de abril de 2026
El proceso de reorganización del aparato público en Honduras continúa generando impacto. La Comisión Liquidadora confirmó que más de 1,700 empleados han sido separados de sus cargos como parte de una estrategia gubernamental que incluye el cierre y fusión de múltiples instituciones estatales.
La medida se enmarca en una política de ajuste orientada a reducir el gasto público y eliminar duplicidades dentro del Estado. Para ello, se ha intervenido al menos una veintena de dependencias, muchas de las cuales han sido absorbidas por otras entidades con funciones similares o simplemente suprimidas.
El proceso fue establecido mediante disposiciones oficiales que facultan a una comisión técnica para ejecutar la liquidación administrativa y financiera del personal en instituciones consideradas innecesarias o ineficientes, dentro de un plan más amplio de reestructuración estatal.
El presidente de la Comisión Liquidadora, el abogado Leonel Núñez, detalló que las desvinculaciones forman parte de la revisión de al menos 26 entidades públicas que han sido cerradas, fusionadas o absorbidas en el proceso.
Además, explicó que el Gobierno se encuentra a la espera de la aprobación del Presupuesto General para proceder con el pago de prestaciones laborales, que superan los 360 millones de lempiras. Mientras tanto, los expedientes administrativos avanzan y varios exempleados ya han sido convocados para firmar sus finiquitos.
Las autoridades sostienen que las liquidaciones se están realizando bajo criterios legales, con cálculos avalados por instancias como el Servicio Civil y la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de garantizar los derechos laborales de los afectados.
Actualmente, solo un pequeño porcentaje del personal permanece activo en las instituciones en proceso de cierre, colaborando en las tareas finales antes de su desaparición definitiva.
Aunque el Gobierno defiende la medida como un paso hacia un Estado más eficiente, el impacto social de los despidos mantiene abierto el debate sobre el equilibrio entre la reducción del gasto y la estabilidad laboral en el sector público.
