Llaman a modernizar la ley ante explosión de motocicletas
El número récord de motocicletas registradas en Honduras también ha generado preocupación por la alta tasa de accidentes de tránsito en los que están involucradas estas unidades, muchos de los cuales resultan en lesiones graves o muertes.
5 de enero de 2026
Organizaciones civiles, expertos en seguridad vial y legisladores están insistiendo en la necesidad de actualizar la legislación de tránsito hondureña ante el creciente uso de motocicletas, un fenómeno que ha transformado profundamente las calles y la movilidad urbana en los últimos años.
El reclamo surge en medio de un contexto donde el parque automotor ha mostrado un aumento sostenido en el número de motocicletas, que en algunos registros ya supera la cantidad de automóviles en circulación, reflejando que este tipo de vehículo se ha convertido en una alternativa de transporte económico y accesible para amplios sectores de la población.
Quienes abogan por una reforma integral de la Ley de Tránsito argumentan que el marco legal vigente, que data principalmente del 2005, no responde eficazmente a las condiciones actuales de movilidad, ni contempla medidas específicas para la educación, la seguridad y la regulación de conductores y vehículos de dos ruedas.
Desde distintos sectores se ha planteado que la normativa debe incluir criterios más estrictos para la obtención de licencias de conducir, la obligatoriedad de seguros para motociclistas, así como sanciones más fuertes y mecanismos de control que desincentiven las infracciones más comunes, como el no uso de casco o la conducción sin documentos vigentes.
El número récord de motocicletas registradas en Honduras también ha generado preocupación por la alta tasa de accidentes de tránsito en los que están involucradas estas unidades, muchos de los cuales resultan en lesiones graves o muertes. Analistas de seguridad vial señalan que actualizar la legislación podría contribuir a reducir estas cifras, mejorar la convivencia entre distintos tipos de vehículos y proteger a los usuarios más vulnerables de la vía.
Además, proponen que la reforma contemple programas de capacitación obligatoria, mayor inversión en señalización y campañas de concienciación ciudadana, así como ajustes en las sanciones económicas y administrativas para garantizar que la ley tenga un efecto real en el comportamiento de los conductores.
El debate sobre la modernización de la ley ha ganado impulso en foros públicos y encuentros técnicos entre autoridades del Congreso Nacional, representantes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y organizaciones de la sociedad civil, aunque todavía no se ha presentado un proyecto formal que agrupe estas propuestas para su estudio y aprobación.
Los defensores de una normativa más robusta consideran que, frente al crecimiento sostenido de motocicletas y la persistente incidencia de incidentes viales, no actuar a tiempo podría agravar la inseguridad en las carreteras y calles, afectando tanto a motociclistas como a peatones y usuarios de otros vehículos.
