Ley Dignidad no beneficiará a más de 2 millones de hondureños en EE.UU., aclaran expertos
Sin embargo, esta iniciativa migratoria no se enfoca exclusivamente en hondureños, sino en migrantes de diversas nacionalidades bajo estrictos requisitos, y no garantiza ciudadanía ni acceso a ayudas federales.

21 de julio de 2025
La "Ley Dignidad", impulsada por las congresistas María Elvira Salazar y Verónica Escobar, es una propuesta migratoria dirigida a ofrecer alivio legal a aproximadamente 11 millones de migrantes en Estados Unidos, no exclusivamente a los hondureños, como se ha difundido erróneamente en medios y discursos políticos en Honduras. La cifra de más de dos millones de beneficiarios hondureños es falsa y no tiene respaldo oficial.
En medio de un debate mediático y político, se ha difundido la idea errónea de que la llamada "Ley Dignidad", propuesta en Estados Unidos, beneficiará a más de dos millones de migrantes hondureños. Sin embargo, esta iniciativa migratoria no se enfoca exclusivamente en hondureños, sino en migrantes de diversas nacionalidades bajo estrictos requisitos, y no garantiza ciudadanía ni acceso a ayudas federales. La confusión y uso político del tema ha sido aclarada por líderes migrantes y expertos en EE.UU.
La ley establece requisitos estrictos para los solicitantes: residir legalmente en EE.UU. por más de cinco años, haber pagado impuestos durante ese periodo, no haber recibido ayudas gubernamentales y carecer de antecedentes penales, además de pagar una indemnización de 7,000 dólares al gobierno estadounidense. Esta ley no ofrece camino directo a la ciudadanía ni acceso a prestaciones federales.
Brenda Betancourt, migrante hondureña con más de 35 años de residencia en EE.UU. y aspirante a comisionada en Miami por el Partido Republicano, explicó en un podcast especializado que la propuesta es una versión mejorada de una iniciativa previa, y aclaró que muchos hondureños no califican debido a antecedentes penales leves, comunes en la comunidad, como problemas por alcohol o violencia doméstica, los cuales están siendo debatidos para posibles flexibilizaciones.
Betancourt también denunció que algunos supuestos líderes comunitarios hondureños en Estados Unidos actúan con intereses personales y no brindan apoyo real a la comunidad migrante, lo que ha generado divisiones internas.
Respecto a su postura política, Betancourt manifestó su apoyo al Partido Republicano y su rechazo al populismo, argumentando que la ley busca promover el trabajo y la autosuficiencia, y resaltó la importancia de respetar las leyes del país que les acoge.
En conclusión, la Ley Dignidad es una propuesta compleja, sujeta a condiciones y debates, cuyo beneficio dependerá del cumplimiento estricto de los requisitos, y no es un programa de amnistía masiva para hondureños en Estados Unidos. La desinformación sobre este tema ha sido utilizada con fines políticos, pero líderes migrantes buscan aclarar la realidad para la comunidad.










