Justicia hondureña cierra caso contra JOH
Según la resolución, no se logró demostrar que el exmandatario hubiera autorizado o administrado los recursos señalados, ni que los fondos presuntamente desviados hubieran sido destinados a su campaña presidencial de 2013.
14 de septiembre de 2026
Un tribunal hondureño dictó el sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II, relacionado con acusaciones de fraude y lavado de activos.
La resolución, emitida el 1 de septiembre de 2026, dejó sin efecto los cargos que enfrentaba en Honduras, aunque la Procuraduría General de la República anunció que apelará la decisión.
Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022 y fue extraditado a Estados Unidos en 2022, donde posteriormente recibió una condena de 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico. En diciembre de 2025, el entonces presidente estadounidense Donald Trump le concedió un indulto, lo que permitió su liberación y posterior regreso a Honduras en julio de 2026.
El proceso hondureño se desarrolló en el marco del caso Pandora II, una investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos durante el período 2010-2014. La acusación señalaba que recursos destinados a proyectos sociales habrían sido utilizados de manera irregular, incluyendo posibles aportes a actividades políticas. La decisión judicial ha generado reacciones entre sectores que cuestionan el manejo de los procesos contra exfuncionarios.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que el juez consideró que no existían elementos suficientes para establecer la responsabilidad penal de Hernández en los hechos investigados. Según la resolución, no se logró demostrar que el exmandatario hubiera autorizado o administrado los recursos señalados, ni que los fondos presuntamente desviados hubieran sido destinados a su campaña presidencial de 2013.
La decisión también estableció que no se acreditó que Hernández hubiera recibido los fondos cuestionados ni que existiera un incremento patrimonial relacionado con el supuesto lavado de activos. Con estos argumentos, el tribunal resolvió cerrar definitivamente el proceso en su contra dentro de Honduras.
Tras conocer el fallo, Hernández declaró que se había cerrado un capítulo de lo que él considera una persecución política. El expresidente ha mantenido su posición de inocencia desde el inicio de las acusaciones y sostuvo que el proceso también afectó a su familia, debido a las medidas adoptadas sobre sus bienes.
Sin embargo, la resolución no ha sido aceptada por todas las partes. La Procuraduría General de la República comunicó el 7 de septiembre que presentará un recurso de apelación contra el sobreseimiento definitivo. La institución sostiene que existen indicios de responsabilidad penal y cuestiona la valoración de las pruebas presentada durante la audiencia.
De acuerdo con la Procuraduría, el expediente está relacionado con la supuesta sustracción de más de 288 millones de lempiras del erario público mediante convenios suscritos entre instituciones estatales y fundaciones. El organismo considera que la evidencia presentada permite investigar la posible participación de Hernández en los delitos imputados.
La controversia se mantiene abierta mientras se define el recurso de apelación. Por un lado, la defensa de Hernández considera que la decisión confirma la falta de fundamentos de las acusaciones; por otro, los sectores críticos sostienen que el cierre del caso representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y reclaman una revisión de la resolución judicial.
El caso también ha reavivado el debate sobre las consecuencias del indulto concedido por Trump y su impacto en la política hondureña. Aunque el sobreseimiento elimina los cargos de Pandora II contra Hernández en Honduras, la resolución está sujeta a los procedimientos de impugnación previstos por la legislación nacional.
