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Juramentan perito clave en caso contra exjefe militar

El caso surge a raíz de denuncias presentadas por periodistas y defensores de derechos humanos, quienes acusan a Hernández de presuntas amenazas, agresiones verbales e injurias difundidas públicamente.

14 de abril de 2026

Un perito especializado fue juramentado para avanzar en las diligencias impulsadas por el Ministerio Público (MP) en el proceso contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, en el marco de una investigación por denuncias relacionadas con su gestión.

 

La designación del experto forma parte de las acciones preliminares que buscan recopilar y analizar pruebas técnicas, especialmente material audiovisual que podría resultar determinante para sustentar o descartar los señalamientos en contra del exjerarca militar.

 

El caso surge a raíz de denuncias presentadas por periodistas y defensores de derechos humanos, quienes acusan a Hernández de presuntas amenazas, agresiones verbales e injurias difundidas públicamente.

 

Como parte del proceso, el Ministerio Público promovió diligencias prejudiciales orientadas a fortalecer la investigación antes de una posible acusación formal, incluyendo la solicitud de peritajes sobre contenido difundido en redes sociales.

Estas acciones se desarrollan en un contexto de tensión entre sectores vinculados a medios de comunicación y autoridades militares, tras controversias generadas por declaraciones y publicaciones atribuidas al exfuncionario.

 

El perito juramentado tendrá la tarea de examinar evidencias digitales como videos, audios y publicaciones, con el objetivo de determinar su autenticidad y contenido, elementos que serán clave para el avance del caso.

 

De acuerdo con lo planteado por el MP, este tipo de análisis técnico permitirá establecer con mayor claridad los hechos denunciados y definir si existen méritos suficientes para continuar el proceso en instancias judiciales.

 

Mientras tanto, el desarrollo del caso mantiene la atención pública, especialmente en sectores vinculados a la defensa de la libertad de expresión, que han seguido de cerca las acciones legales emprendidas.

 

Las autoridades judiciales deberán evaluar los resultados de estas diligencias para determinar los siguientes pasos, en un proceso que podría marcar precedentes en torno a la relación entre instituciones del Estado y el ejercicio periodístico en Honduras.

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