Juicio político: mecanismo para destituir, no para condenar
El tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas debido a los procesos impulsados desde el Legislativo contra distintos funcionarios, lo que ha generado interpretaciones diversas sobre el alcance de esta figura.
15 de abril de 2026
Un analista constitucional aclaró que el juicio político en Honduras tiene como objetivo principal la destitución de funcionarios y no conlleva consecuencias penales directas, en medio del debate actual sobre este mecanismo en el Congreso Nacional.
El tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas debido a los procesos impulsados desde el Legislativo contra distintos funcionarios, lo que ha generado interpretaciones diversas sobre el alcance de esta figura.
Según explicó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, el juicio político es un procedimiento de carácter político-administrativo cuyo fin es separar del cargo a un funcionario nombrado por el Congreso Nacional.
A diferencia de los procesos judiciales, esta herramienta no tiene la facultad de imponer sanciones penales, ya que esas corresponden exclusivamente a los tribunales de justicia y al Ministerio Público.
Barrientos enfatizó que el juicio político no debe confundirse con un proceso penal, ya que no busca determinar culpabilidad criminal ni imponer penas, sino evaluar la permanencia de un funcionario en su cargo.
En ese sentido, detalló que su naturaleza es estrictamente política, lo que significa que su resultado se limita a la destitución o inhabilitación dentro del ámbito administrativo del Estado.
No obstante, el experto indicó que una eventual destitución podría abrir la puerta a investigaciones posteriores en la vía judicial, siempre y cuando existan indicios de responsabilidad penal, lo que ya correspondería a otras instituciones del sistema de justicia.
Asimismo, el analista señaló debilidades en la forma en que se están desarrollando algunos procesos, mencionando la falta de criterios técnicos claros, protocolos definidos y metodologías adecuadas en las comisiones encargadas.
El debate sobre el uso del juicio político continúa en el escenario nacional, donde diversos sectores insisten en la necesidad de aplicar este mecanismo con rigor, transparencia y apego a la normativa, para evitar que se convierta en una herramienta de confrontación política.
