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Jueza federal frena cancelación del TPS para migrantes

La decisión, que beneficiaría a más de 60 000 migrantes, establece que los periodos de terminación anunciados en 2025 el 6 de junio para Nepal y el 7 de julio para Honduras y Nicaragua no se ajustaron a lo que exige la normativa estadounidense.

2 de enero de 2026

Una jueza federal de Estados Unidos determinó que la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de personas de Nicaragua, Honduras y Nepal fue ilegal, y ordenó que esa protección migratoria se mantenga vigente para los afectados mientras sigue el proceso judicial.

 

La magistrada Trina Thompson, del Distrito Norte de California, concluyó que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, no siguió los procedimientos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo al emitir la cancelación del programa. La decisión, que beneficiaría a más de 60 000 migrantes, establece que los periodos de terminación anunciados en 2025 el 6 de junio para Nepal y el 7 de julio para Honduras y Nicaragua no se ajustaron a lo que exige la normativa estadounidense.

 

El TPS es un mecanismo que el gobierno de EEUU puede otorgar temporalmente a ciudadanos de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias que impiden el retorno seguro de sus nacionales. En el caso de Honduras, la protección fue otorgada por primera vez en 1999 tras la devastación causada por el huracán Mitch.

 

Los inmigrantes amparados por el TPS y organizaciones representantes sostuvieron que la administración estadounidense actuó con un propósito discriminatorio al intentar finalizar su estatus, y señalaron que el DHS recortó de forma irregular el periodo de transición a solo 60 días en su intento de cancelación. La jueza Thompson sostuvo que la decisión no se basó en una evaluación objetiva de las condiciones en los países de origen y que la autoridad no respetó sus propios procedimientos habituales.

 

La resolución judicial restauró las protecciones de TPS para las nacionalidades afectadas y rechazó la solicitud del gobierno para desestimar la demanda, lo que significa que los beneficiarios conservarán el estatus mientras la batalla legal continúa.

 

En Honduras, la presidenta Xiomara Castro celebró el fallo y expresó su respaldo a los ciudadanos beneficiados en Estados Unidos, señalando que el gobierno hondureño defenderá sus derechos y dignidad.

 

Este fallo se da en medio de una serie de decisiones judiciales recientes en EE. UU. sobre el futuro de las protecciones migratorias, y aunque representa una victoria para quienes están amparados por el TPS, aún podría ser objeto de apelaciones en instancias superiores.

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