Juez respalda fin del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal
Según Noem, la decisión representa un “restablecimiento del estado de derecho” y una corrección a lo que, en su opinión, fue un uso indebido del TPS en administraciones anteriores.
10 de febrero de 2026
Un fallo judicial emitido por un tribunal federal en Estados Unidos ha abierto el camino para que el gobierno dé por terminado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal, marcando un giro significativo en la política migratoria que afecta a decenas de miles de personas que viven y trabajan legalmente en ese país.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que una corte de apelaciones autorizó la continuación del proceso para finalizar el TPS en estos tres países, al considerar que las condiciones que motivaron originalmente estas protecciones han mejorado y que el programa estaba siendo utilizado de forma más amplia de lo previsto legalmente. Según Noem, la decisión representa un “restablecimiento del estado de derecho” y una corrección a lo que, en su opinión, fue un uso indebido del TPS en administraciones anteriores.
El TPS fue creado para proteger a personas de naciones donde conflictos armados, desastres naturales u otras situaciones extraordinarias impiden un regreso seguro. Bajo este estatus, los beneficiarios tienen derecho a residir temporalmente y a obtener autorización de trabajo en Estados Unidos mientras persistan las circunstancias adversas en su país de origen.
En 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —bajo la dirección de Noem— anunció la terminación del TPS para Honduras y Nicaragua, designados desde finales de los años noventa tras el huracán Mitch, así como para Nepal, incluido después del terremoto devastador de 2015. La intención era poner fin a décadas de beneficios extendidos más allá de periodos originalmente previstos por la ley.
Sin embargo, el intento de cancelar estas designaciones enfrentó una batalla legal. En un fallo previo de diciembre de 2025, una jueza federal determinó que la terminación carecía de una justificación adecuada conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, anulando temporalmente la decisión del DHS y manteniendo vigentes las protecciones mientras se revisaba el caso.
La reciente orden de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito revoca esa paralización y permite al gobierno seguir adelante con su plan para eliminar el estatus de protección, aunque aún podría haber nuevos recursos legales y apelaciones en instancias superiores. La corte indicó que la administración probablemente tiene bases legales para justificar la terminación del programa, lo que ha sido celebrado por autoridades oficiales y aplaudido por sectores que critican el uso prolongado del TPS más allá de su propósito original.
Organizaciones defensoras de derechos de migrantes, por el contrario, han expresado preocupación por el impacto que esta decisión tendría en miles de familias que han vivido bajo este estatus durante años, al advertir que su final podría exponer a estas personas a deportación y separación familiar si no se logra una alternativa legal.
El caso sigue su curso en el sistema judicial estadounidense, y se espera que en las próximas semanas se presenten nuevas apelaciones y análisis de cómo esta decisión afectará a los beneficiarios del TPS y al debate migratorio en general en Estados Unidos.
