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Juez mantiene en prisión a cuatro acusados por el caso Angie Peña

El caso se desarrolla bajo reserva judicial a petición del Ministerio Público, una medida orientada a proteger a posibles víctimas y evitar que se comprometan otras líneas de investigación. Debido a esa condición, el acceso público a los detalles de las audiencias es limitado.

13 de octubre de 2026

Un tribunal de sentencia en Honduras rechazó la solicitud de cambio de medidas cautelares presentada por las defensas de cuatro imputados vinculados al caso de la desaparición de Angie Peña. Con esta decisión, los procesados continuarán bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial relacionado con la estructura conocida como “Delta Teams”.

 

Angie Samanta Peña desapareció el 1 de enero de 2022, cuando tenía 22 años y se encontraba de vacaciones en Roatán, Islas de la Bahía. La joven salió a bordo de una moto acuática y, desde entonces, su paradero continúa sin esclarecerse públicamente.

 

Las investigaciones derivaron en un proceso penal contra varias personas señaladas por presuntos delitos relacionados con la trata de personas y la asociación para delinquir. El expediente ha generado atención nacional debido a la gravedad de las acusaciones y a las interrogantes que todavía rodean la desaparición de la joven.

 

La resolución judicial se produjo durante una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el lunes 12 de octubre. En esa diligencia, los abogados defensores solicitaron que sus representados pudieran abandonar la prisión y continuar sujetos al proceso desde sus domicilios, pero el tribunal determinó que no correspondía conceder el cambio solicitado.

 

Entre los procesados figuran los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, acusados de trata de personas en la modalidad de venta. También enfrentan cargos Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, señalados por su presunta participación en asociación para delinquir, según los reportes del caso.

 

Uno de los argumentos planteados por la defensa fue la proximidad del vencimiento del plazo legal de dos años de prisión preventiva. Sin embargo, la petición no prosperó y los cuatro imputados deberán permanecer privados de libertad mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

El caso se desarrolla bajo reserva judicial a petición del Ministerio Público, una medida orientada a proteger a posibles víctimas y evitar que se comprometan otras líneas de investigación. Debido a esa condición, el acceso público a los detalles de las audiencias es limitado.

 

La decisión representa un nuevo avance procesal en una investigación que mantiene vigente la exigencia de esclarecer qué ocurrió con Angie Peña y determinar las responsabilidades que correspondan. No obstante, las acusaciones contra los imputados deberán resolverse conforme a las pruebas presentadas y las decisiones definitivas de los órganos judiciales.

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