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Representantes de la Asociación de Jueces por la Democracia emitieron un comunicado crítico en el que señalan que el proyecto para modificar el Decreto 282-2010 actualmente en trámite en el Congreso Nacional de Honduras representa una amenaza directa a la independencia del Poder Judicial y a la separación de poderes en el país.

La iniciativa, que fue aprobada en primer debate por la mayoría de diputados y busca reformar el artículo transitorio del decreto, propone trasladar ciertas facultades administrativas actualmente en manos de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hacia el pleno de los quince magistrados, mientras se nombra un nuevo Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.

Entre estas facultades figuran los nombramientos, ascensos, traslados y cancelaciones de jueces y personal jurisdiccional, lo que implicaría según la asociación una concentración de funciones que puede interferir en las responsabilidades jurisdiccionales de los magistrados.

En su pronunciamiento, los jueces manifestaron su sorpresa y rechazo porque la reforma se ha impulsado sin consultar formalmente a las autoridades del Poder Judicial ni a otras instancias técnicas, pese a que la norma en discusión afecta el funcionamiento interno de esa institución. Argumentan que la ausencia de mecanismos de consulta cuando un proyecto de ley incide sobre otro poder del Estado podría traducirse en una vulneración del principio de independencia y autonomía judicial garantizado por la Constitución de la República.

La Asociación advirtió que la medida puede resultar inválida en la práctica por varias razones: primero, porque los magistrados que integrarían el pleno ya tienen cargas jurisdiccionales. Segundo, porque asumir competencias administrativas claves podría distraerlos de sus funciones jurisdiccionales ordinarias y generar retrasos.

Y tercero, porque concentrar decisiones de personal y disciplina en un órgano colegiado sin proceso de consulta podría abrir la puerta a prácticas de favoritismo o a un sistema de cuotas que afecte la transparencia.

Este pronunciamiento se alinea con expresiones de preocupación provenientes de otras voces dentro del sistema judicial, incluyendo a la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, que en un comunicado institucional advirtió que la reforma en discusión podría generar riesgos jurídicos, operativos e institucionales si se ejecuta sin la debida revisión técnico-jurídica y sin respetar los límites constitucionales entre poderes del Estado.

La presidenta del Poder Judicial también instó al Congreso a conformar una mesa técnica interinstitucional que permita analizar profundamente los alcances de la modificación propuesta, con participación de especialistas en derecho constitucional y representantes de los poderes involucrados.

Los críticos plantean que el debate no debería limitarse a una reforma al decreto transitorio, sino que lo procedente sería avanzar en la elaboración de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que brinde un marco más sólido, transparente y funcional para la administración de justicia, sin comprometer la autonomía de los jueces ni debilitar las garantías constitucionales.

A medida que la propuesta legislativa continúa su discusión en el parlamento, distintos sectores de la sociedad civil, expertos jurídicos y organismos vinculados a la defensa del Estado de derecho observan de cerca este proceso, advirtiendo que las decisiones que se adopten podrían tener impacto duradero en la arquitectura institucional y en la confianza pública en la justicia hondureña.