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El proceso judicial conocido como Pandora II continúa generando fuertes reacciones entre las partes involucradas. El expresidente Juan Orlando Hernández enfrenta señalamientos por el presunto desvío de más de 160 millones de lempiras destinados, según la acusación, al financiamiento de campañas políticas.

En medio del caso, el Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, aseguró que durante la audiencia de declaración de imputado el exmandatario habría intimidado a un procurador del área penal, situación que motivó a la Procuraduría General de la República (PGR) a solicitar su detención judicial por considerar que existe riesgo de contaminación de pruebas. Aspra también anunció que asumirá personalmente la representación del Estado en la audiencia inicial prevista para el 12 de agosto.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, respondió mediante un comunicado oficial a las declaraciones realizadas por el Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, quien lo señaló de haber proferido amenazas contra un representante de la PGR durante una audiencia judicial relacionada con el caso Pandora II.

En el pronunciamiento, divulgado a través de sus redes sociales, Hernández rechazó de manera categórica las acusaciones y aseguró que durante la diligencia judicial nunca existieron amenazas, actos de intimidación o conductas de coacción contra el procurador ni contra ningún otro funcionario presente. Según su versión, las intervenciones realizadas formaron parte del ejercicio legítimo del derecho a la defensa y del debate procesal propio de una audiencia.

El exmandatario sostuvo que el audio de la comparecencia demostraría que sus palabras estuvieron dirigidas a exigir un proceso imparcial, objetivo y apegado a la Constitución y a las leyes, por lo que considera que las versiones difundidas posteriormente constituyen una "campaña de desinformación".

Asimismo, argumentó que, de haberse producido alguna amenaza, esta habría sido señalada de inmediato por el juez, las partes procesales o el propio representante de la Procuraduría, algo que —afirma— no ocurrió durante el desarrollo de la audiencia.

En el documento, Hernández también cuestionó las declaraciones públicas emitidas posteriormente por el Procurador General y sostuvo que se está construyendo una narrativa con fines políticos para influir en la opinión pública y desacreditar su defensa.

A su juicio, el proceso judicial debe desarrollarse exclusivamente dentro de los tribunales y no mediante pronunciamientos mediáticos.

Otro de los puntos abordados en el comunicado es la defensa de la independencia judicial. Hernández hizo un llamado a preservar el Estado de Derecho y advirtió sobre lo que considera intentos de presionar a los órganos de justicia mediante campañas de carácter político.

En ese contexto, señaló que determinados sectores buscan debilitar las garantías constitucionales que protegen a cualquier ciudadano sometido a un proceso penal.

El expresidente también reiteró que la única vía para esclarecer los hechos es el respeto irrestricto al debido proceso, la presunción de inocencia y el cumplimiento de las normas legales vigentes.

En ese sentido, pidió que cesen la polarización y el uso político de los procesos judiciales, al considerar que ello afecta la confianza en las instituciones y en la administración de justicia.

La publicación del comunicado se produce luego de que Dagoberto Aspra confirmara que la Procuraduría General de la República solicitó la detención judicial de Hernández por considerar que existe riesgo de alteración de pruebas dentro del proceso Pandora II.

Además, el procurador denunció públicamente que durante la audiencia el exmandatario le habría dicho a un representante legal del Estado: "Mírame a los ojos... a vos te voy a dar una lección", afirmación que la defensa del expresidente rechaza por completo.

Aspra anunció igualmente que será él quien represente personalmente al Estado en la audiencia inicial programada para el próximo 12 de agosto, mientras que Hernández sostiene que las acciones emprendidas por la Procuraduría forman parte de una persecución política en su contra y ha expresado preocupación por las consecuencias que, según afirma, podrían derivarse de las solicitudes presentadas por el ente estatal.

Con ambas partes manteniendo posiciones opuestas sobre lo ocurrido durante la audiencia, será el desarrollo del proceso judicial y la valoración de las pruebas presentadas ante los tribunales lo que determinará el curso del caso, uno de los más relevantes de la agenda política y judicial hondureña en la actualidad.