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El Instituto Nacional Penitenciario (INP) anunció una serie de cambios en los protocolos de seguridad y en el régimen de visitas de los centros penitenciarios, como parte de la aplicación del Decreto Legislativo No. 208-2026, que introduce nuevas disposiciones para combatir estructuras vinculadas al terrorismo, maras y pandillas, además de fortalecer el sistema penitenciario nacional.

Las medidas también incluyen reformas relacionadas con el manejo de personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad y con los mecanismos de clasificación dentro de los establecimientos penitenciarios. El INP informó que inició las adecuaciones necesarias para aplicar las nuevas disposiciones establecidas en la legislación.

Dentro de este proceso se contempla una revisión de las personas privadas de libertad acusadas o condenadas por delitos relacionados con terrorismo, con el propósito de determinar su régimen de seguridad conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.

Como parte de las primeras acciones, el INP suspendió temporalmente el proceso de visitas en los centros penitenciarios de Ilama, Santa Bárbara; Morocelí, El Paraíso; y los módulos de Máxima Seguridad de Támara y Siria, en Francisco Morazán. La institución explicó que la medida permanecerá mientras se realizan las adecuaciones requeridas para implementar el nuevo régimen de visitas.

De manera paralela, se instruyó a los directores de los establecimientos penitenciarios del país para identificar a las personas privadas de libertad que se encuentran acusadas o sentenciadas por terrorismo. El objetivo es establecer cuáles deben ser trasladadas al Régimen de Máxima Seguridad de acuerdo con las disposiciones contempladas en la legislación.

Para desarrollar esta tarea, el INP conformó un equipo especial encargado de realizar la perfilación de las personas privadas de libertad que actualmente permanecen en otros regímenes. El análisis busca determinar, con base en los criterios establecidos por la normativa, los casos que correspondan a una reubicación hacia instalaciones de mayor seguridad.

La institución también informó que las personas acusadas por el delito de Asociación Terrorista ya fueron incorporadas al Régimen de Máxima Seguridad, en aplicación de las nuevas disposiciones legales. Asimismo, se desarrolló una reunión de trabajo con los responsables de los establecimientos de máxima seguridad para coordinar los procedimientos operativos necesarios.

Otro de los cambios corresponde a las visitas de los profesionales del derecho. El INP rehabilitó los locutorios en los centros penitenciarios, espacios que permitirán que los abogados mantengan comunicación con sus representados sin contacto físico directo.

La institución señaló que estos procedimientos forman parte de los mecanismos de seguridad y control que se implementan a partir de las reformas legales. Las autoridades penitenciarias continuarán ajustando los protocolos y las condiciones de los establecimientos para aplicar el nuevo régimen de acuerdo con las disposiciones vigentes.