Indagan pagos millonarios a familiares en gestión anterior
Las autoridades también buscan confirmar si los pagos contaban con respaldo jurídico, como sentencias o resoluciones oficiales, ya que estos desembolsos estaban vinculados a programas gestionados desde la Secretaría de Derechos Humanos, enfocados en procesos de reparación.
28 de abril de 2026
Una nueva revisión a programas estatales ha encendido alertas sobre transferencias mensuales que habrían alcanzado los 350 mil lempiras en beneficio de familiares de personas consideradas “mártires”, durante la administración anterior.
El tema surge en medio de un proceso más amplio de fiscalización impulsado por autoridades actuales, orientado a revisar el uso de fondos públicos en iniciativas heredadas.
En Honduras, los programas de reparación a víctimas han sido históricamente delicados, ya que combinan criterios legales, derechos humanos y manejo presupuestario, lo que exige controles rigurosos para evitar abusos o discrecionalidad.
De acuerdo con declaraciones de un miembro de la Comisión Técnica Liquidadora, el análisis se centra en determinar cómo se distribuían estos recursos: si eran asignados por familia o de manera individual, lo que podría haber elevado considerablemente el gasto estatal.
Las autoridades también buscan confirmar si los pagos contaban con respaldo jurídico, como sentencias o resoluciones oficiales que justificaran las compensaciones.
Según lo expuesto, estos desembolsos estaban vinculados a programas gestionados desde la Secretaría de Derechos Humanos, enfocados en procesos de reparación.
Como parte de las diligencias, se prevé una inspección directa a la ejecución del programa, con el objetivo de verificar su legalidad y transparencia.
En caso de encontrarse irregularidades o falta de documentación, no se descarta que el caso sea remitido a instancias judiciales.
Además, se ha planteado la posibilidad de que el Tribunal Superior de Cuentas realice una auditoría de oficio para esclarecer el destino de los fondos, los cuales habrían comenzado a entregarse entre 2022 y 2023. La investigación continúa en desarrollo para establecer si existió un uso indebido de recursos del Estado.
