Incertidumbre por TPS amenaza con afectar envíos de remesas a Honduras
Analistas advierten que, aunque no todos los hondureños amparados en el TPS regresarían inmediatamente al país, la pérdida de ese estatus legal podría traducirse en una reducción de los ingresos en las familias hondureñas.
16 de febrero de 2026
La decisión reciente de una corte federal en Estados Unidos que permite avanzar con la cancelación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos del Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños ha generado preocupación en diversos sectores de Honduras, al poner en riesgo no solo la estabilidad migratoria de miles de personas, sino también los ingresos por remesas que recibe el país.
El TPS, un programa que desde finales de los años noventa ha permitido a ciudadanos hondureños residir y trabajar legalmente en Estados Unidos tras desastres naturales en la nación centroamericana, quedó en un limbo legal luego de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emitiera un fallo el pasado febrero que respalda la facultad del Gobierno estadounidense para retirar esta protección mientras se resuelven apelaciones en instancias superiores.
La medida ha disparado un clima de inquietud entre organizaciones migrantes y familias en Honduras que dependen de los envíos de dinero desde el exterior. Analistas y representantes del sector económico advierten que, aunque no todos los hondureños amparados en el TPS regresarían inmediatamente al país, la pérdida de ese estatus legal podría traducirse en una reducción de los ingresos que muchas familias reciben regularmente. Según estimaciones, entre 150 y 170 millones de dólares en remesas podrían dejar de ingresar debido a esta situación, afectando especialmente a hogares que destinan estos recursos a gastos esenciales como educación, salud y alimentación.
El flujo de remesas ha sido un pilar de la economía hondureña: en 2025 se reportó que los connacionales en el extranjero enviaron más de 12 200 millones de dólares, equivalentes a una proporción significativa del producto interno bruto (PIB) del país y vitales para la estabilidad económica de miles de familias.
Organizaciones de migrantes en Estados Unidos y líderes comunitarios han intensificado sus esfuerzos para presionar por una extensión o reconfiguración del TPS, argumentando que esta protección no solo permite a las familias mantener una vida estable en ese país, sino que también asegura la continuidad de las remesas que sostienen el consumo en numerosos municipios hondureños.
Funcionarios y expertos han resaltado que la posible retirada del TPS representa un desafío adicional para Honduras, que ya enfrenta una alta dependencia de los envíos de dinero del exterior y que en los últimos años ha visto cómo las remesas mantienen a un gran porcentaje de hogares. Por esto, el impacto económico de la incertidumbre migratoria va más allá de las familias afectadas directamente: podría resonar en sectores productivos, en la demanda interna y en la estabilidad macroeconómica general si no se logra una solución a corto plazo.
Mientras tanto, las comunidades hondureñas esperan una claridad definitiva sobre el futuro del TPS y sus efectos tanto en la dinámica migratoria como en los ingresos familiares que han sido parte fundamental de la estructura económica nacional durante décadas.
