Impunidad y abandono alimentan la trata de personas en Honduras
Solo una condena en lo que va de 2025, mientras miles de víctimas en su mayoría niñas siguen sin justicia

29 de julio de 2025
En el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, que se conmemora este 30 de julio, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) encendió las alarmas sobre la profunda crisis de impunidad que rodea este delito en Honduras. Nueve de cada diez casos quedan sin castigo, y en lo que va del 2025, apenas una sentencia condenatoria ha sido dictada.
La cifra estremece aún más cuando se observa quiénes son las principales víctimas: el 82 % de los casos de explotación sexual comercial en 2024 afectaron a niñas entre los 6 y 17 años. A pesar de la gravedad, la respuesta institucional ha sido mínima y desarticulada.

Entre 2019 y junio de 2025 se han registrado 769 denuncias por trata de personas. Solo en los primeros seis meses de este año, se identificaron 46 víctimas: 31 niñas, 9 niños, 5 mujeres adultas y una persona LGTBIQ+. Sin embargo, la mayoría de estos casos no han derivado en procesos judiciales efectivos.
Las formas más comunes de trata en el país incluyen explotación sexual, pornografía infantil, reclutamiento criminal y adopciones irregulares. Según datos oficiales, los departamentos con mayor número de denuncias desde 2014 son Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y El Paraíso.

Durante 2024, la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) atendió cerca de 3,800 víctimas, muchas de ellas menores de edad. No obstante, la atención no siempre se traduce en justicia.
Uno de los casos más alarmantes ocurre en Islas de la Bahía, donde se ha documentado un preocupante auge del turismo sexual. Mujeres y niñas hondureñas son ofrecidas a turistas extranjeros mediante catálogos, según denuncias de organizaciones sociales.

Pese a que el presupuesto de la CICESCT aumentó de L 5.6 millones en 2019 a L 38 millones en 2025, la Unidad del Ministerio Público encargada de investigar estos delitos recibió apenas L 10.7 millones este año, es decir, menos del 20 % de los fondos destinados al combate de la trata.
“La trata de personas no solo es una violación brutal de derechos humanos, es una esclavitud moderna que persiste por la negligencia del sistema”, advirtió Nelson Castañeda, director del Sector Seguridad y Justicia de la ASJ. “Cuando la mayoría de las víctimas son niñas y casi ningún caso llega a sentencia, no se trata de una falla aislada, sino de una estructura indiferente.”

Además del limitado presupuesto, expertos señalan problemas como la escasa cobertura institucional en zonas rurales, falta de personal especializado, deficiente formación judicial y poca prevención comunitaria.
El panorama es sombrío y exige acciones urgentes. Las organizaciones de derechos humanos coinciden en que la falta de justicia convierte a Honduras en un terreno fértil para tratantes: un país donde este crimen se convierte en negocio rentable y de bajo riesgo.
La deuda es clara: mientras las víctimas esperan justicia, los responsables siguen en libertad.










