Impulsan la eliminación de amnistía para exfuncionarios
La normativa que en 2022 concedió una amnistía política a exfuncionarios y otros actores señalados en procesos judiciales por hechos relacionados con el golpe de Estado de 2009 y sus consecuencias políticas y penales.
25 de febrero de 2026
Una iniciativa legislativa presentada este martes ante el pleno del Congreso Nacional propone anular partes fundamentales del decreto 04-2022, la normativa que en 2022 concedió una amnistía política a exfuncionarios y otros actores señalados en procesos judiciales por hechos relacionados con el golpe de Estado de 2009 y sus consecuencias políticas y penales.
La propuesta fue introducida por la vicepresidenta del Parlamento, Lissi Matute Cano, quien planteó derogar los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 del decreto, conocidos en algunos sectores como el “Pacto de Impunidad”, para que el beneficio legal otorgado en aquel momento deje de aplicarse.
Según los promotores de la iniciativa, la amnistía aprobada originalmente fue demasiado amplia y fue interpretada como un mecanismo que benefició no sólo a personas perseguidas por razones estrictamente políticas, sino también a exfuncionarios vinculados a procesos por delitos comunes y contra la administración pública.
El proyecto incluye disposiciones para dejar sin efecto las cartas de libertad que se expidieron en virtud del decreto, así como para ordenar que jueces y tribunales revisen de oficio los casos en los que se aplicó el beneficio, con el objetivo de reactivar los procesos penales que quedaron suspendidos o cerrados.
Además, establece que los expedientes archivados en el Ministerio Público y en los órganos judiciales por efecto de la amnistía deberán reactivarse para su debido curso procesal, respetando siempre el debido proceso y el derecho a la defensa de los involucrados.
La iniciativa fue turnada a la comisión de dictamen correspondiente, que deberá emitir un informe antes de que el pleno del Congreso decida sobre su aprobación o eventual modificación.
El decreto 04-2022 fue promulgado en febrero de 2022 con el propósito oficial de restituir un clima de paz y cerrar brechas judiciales derivadas de conflictos políticos, otorgando amnistía a quienes fueron acusados o procesados por hechos calificados como políticamente motivados durante el periodo examinado.
No obstante, la norma fue duramente criticada por diversos sectores de la sociedad civil y organizaciones de justicia y transparencia, que la consideraron excesiva y contraria a principios fundamentales de responsabilidad legal y combate a la impunidad, pues incluyó delitos de naturaleza común y actos de corrupción dentro de sus beneficios.
Las posibles modificaciones al decreto han reavivado el debate sobre la manera en que Honduras ha enfrentado procesos penalmente sensibles del pasado reciente y la necesidad de ajustar el marco legal para asegurar que la justicia no quede excluida por decisiones políticas.
La discusión legislativa continuará en los próximos días, con especial atención a las opiniones de las distintas bancadas políticas y actores sociales, quienes han manifestado posturas diversas sobre la pertinencia y alcance de revocar la amnistía otorgada hace más de tres años.
