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Imponen medidas cautelares a 31 exfuncionarios de salud por fraude millonario

Una Jueza Natural Designada impuso este día medidas cautelares sustitutivas a 31 exadministradores y exdirectores de hospitales públicos, acusados de la comisión de delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, por supuestamente provocar un daño económico al Estado superior a los 77.9 millones de lempiras.

19 de mayo de 2025

Este caso se enmarca en los esfuerzos del Ministerio Público y el Poder Judicial hondureño por combatir la corrupción administrativa en el sector salud, uno de los más sensibles y frecuentemente señalados por prácticas irregulares. El uso del procedimiento especial indica el nivel jerárquico de los implicados, entre ellos una congresista en funciones. El proceso también deja al descubierto una red de empresas beneficiadas por compras amañadas, lo que genera nuevas preguntas sobre los mecanismos de fiscalización estatal durante ese periodo.

 

Una Jueza Natural Designada impuso este día medidas cautelares sustitutivas a 31 exadministradores y exdirectores de hospitales públicos, acusados de la comisión de delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, por supuestamente provocar un daño económico al Estado superior a los 77.9 millones de lempiras.

 

Durante la Audiencia de Declaración de Imputado, tanto las defensas privadas como el Ministerio Público acordaron solicitar medidas sustitutivas a la prisión, por lo que la jueza ordenó: prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial, prohibición de salir del país, presentación periódica ante los tribunales competentes según sus domicilios, y en la mayoría de los casos, la constitución de garantías hipotecarias.

 

La jueza convocó a las partes para desarrollar la Audiencia Inicial el próximo 4 de junio, donde se determinará si existen indicios racionales suficientes para continuar el proceso penal.

 

El caso se instruye bajo el procedimiento especial para altos funcionarios del Estado, ya que entre los acusados figura la diputada en funciones Ariana Melissa Banegas, imputada por tres delitos de fraude, lo que implica que todos los involucrados estén siendo procesados bajo la misma figura legal, a cargo de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que actúa como Jueza de Primera Instancia.

 

Además de los 31 imputados actuales, el Ministerio Público emitió órdenes de captura contra otras 14 personas vinculadas al mismo esquema de corrupción, quienes serán presentadas ante la misma jueza en audiencias posteriores.

 

Según el Requerimiento Fiscal, los hechos ocurrieron entre los años 2009 y 2014, cuando se ejecutaron 208 procesos de compra irregulares de equipo médico, medicamentos y suministros sin cumplir con la Ley de Contratación del Estado. Las compras favorecieron ilegalmente a seis empresas: QUIMTEC, LOFARMA, INCORSA, CEDISA, DICOMER y Laboratorios D la Roja, con órdenes de compra millonarias sin respaldo presupuestario ni requisitos legales.

 

Las instituciones involucradas abarcan hospitales y regiones sanitarias de San Lorenzo, Choluteca, La Paz, Copán, Puerto Lempira, Juticalpa, La Ceiba, Trujillo, Islas de la Bahía, El Progreso y Gracias, Lempira.

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