Hondureños bajo el TPS esperan fallo judicial para extender estadía en EEUU
Mientras la Corte Federal del Distrito Norte de California se prepara para emitir un fallo clave el próximo 29 de julio, que podría determinar si el programa se extiende seis meses más, hasta enero de 2026.
22 de julio de 2025
Más de 55,000 hondureños acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos enfrentan un momento decisivo esta semana, mientras la Corte Federal del Distrito Norte de California se prepara para emitir un fallo clave el próximo 29 de julio, que podría determinar si el programa se extiende seis meses más, hasta enero de 2026.
La incertidumbre pesa sobre decenas de miles de familias migrantes hondureñas, quienes han residido legalmente en EE. UU. por más de dos décadas bajo esta figura humanitaria.
El TPS fue otorgado por primera vez a Honduras tras el paso del huracán Mitch en 1998, y ha sido renovado de forma periódica desde entonces.
La revisión judicial responde a una demanda presentada por organizaciones pro migrantes que alegan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no notificó adecuadamente la cancelación del TPS durante la administración Trump. De acuerdo con el abogado defensor y los demandantes, esta omisión podría invalidar la decisión de cancelar el programa, al menos temporalmente.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre en EE. UU., explicó:
“Lo que esperamos es que la jueza ordene una prórroga técnica del TPS, porque el gobierno no siguió los procesos legales adecuados. Esto daría más tiempo a los beneficiarios y permitiría buscar una solución más permanente.”
Sin embargo, de otorgarse la prórroga, el gobierno de EE. UU. aún podría apelar la decisión, llevando el caso a instancias superiores, incluyendo eventualmente la Corte Suprema. Esta posible escalada legal mantiene en vilo a la comunidad migrante.
La prolongada incertidumbre también ha generado un auge en fraudes migratorios. Juan Flores denunció públicamente que muchas personas están siendo víctimas de estafas de supuestos abogados o tramitadores que, usando nombres falsos y videollamadas, cobran hasta 10,000 dólares por trámites inexistentes.
“Nos están llamando desde todo EE. UU., gente que ha sido engañada. Les piden depósitos, supuestamente para gestionar una residencia o una extensión del TPS. Es totalmente falso”, advirtió Flores.
Por ello, recomendó a los beneficiarios acudir únicamente a fuentes oficiales, como consulados o organizaciones legalmente constituidas como la Fundación 15 de Septiembre, y no entregar documentos ni dinero a desconocidos.
Organizaciones de derechos humanos y activistas han reiterado que las condiciones estructurales en Honduras no han mejorado lo suficiente como para justificar una cancelación del TPS. Entre los argumentos se mencionan:
Altos niveles de violencia y criminalidad
Crisis económica y desempleo
Corrupción institucional
Impactos del cambio climático (sequía y fenómenos extremos)
Inestabilidad política derivada de la falta de acuerdos electorales
“Mandar a decenas de miles de hondureños de regreso a un país que aún no puede garantizar empleo ni seguridad sería irresponsable y cruel”, advirtió Flores.
Además del fallo judicial, la Fundación y otros grupos planean presionar a la administración Trump para que considere la emisión de un nuevo TPS para Honduras, argumentando que la actual situación del país justifica una nueva designación humanitaria.
La comunidad migrante y líderes proinmigrantes han expresado que la respuesta del gobierno estadounidense será también una señal de compromiso con los derechos humanos y con una política migratoria más justa.
