Honduras recibirá dinero decomisado a Piedad Córdoba
El dinero fue decomisado el 25 de mayo de 2022 en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, cuando Córdoba se disponía a viajar a Panamá para continuar posteriormente hacia Colombia.

29 de octubre de 2026
Un juzgado especializado ordenó que 62,770 dólares y 4,620 lempiras incautados en 2022 a la fallecida exsenadora colombiana Piedad Esneda Córdoba Ruiz pasen definitivamente a favor del Estado de Honduras. La resolución fue notificada al Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), luego de que el tribunal declarara los recursos en abandono.
El dinero fue decomisado el 25 de mayo de 2022 en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, cuando Córdoba se disponía a viajar a Panamá para continuar posteriormente hacia Colombia. Las autoridades detectaron las divisas durante los controles aeroportuarios y comenzaron las diligencias para establecer su procedencia.
Tras el decomiso, el Ministerio Público abrió una investigación debido a que no se logró justificar el origen de los fondos. El caso permaneció bajo revisión hasta que el juzgado competente resolvió aplicar la privación definitiva de los recursos.
La resolución judicial establece que el dinero incautado quede a disposición del Estado hondureño, después de concluir el procedimiento correspondiente. La decisión representa el cierre de un proceso que se inició hace más de cuatro años, cuando las autoridades detectaron las divisas durante el viaje de la entonces senadora colombiana.
Como parte de las disposiciones, el juez ordenó remitir la documentación respectiva a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), entidad encargada de gestionar los bienes y recursos sujetos a este tipo de medidas. También instruyó que las diligencias sean trasladadas al archivo histórico, una vez cumplidos los procedimientos establecidos.
El caso tuvo su origen cuando Córdoba intentaba salir de Honduras con el dinero en efectivo. En aquel momento, las autoridades aduaneras y migratorias realizaron las actuaciones correspondientes, mientras la Fiscalía inició las indagaciones para determinar si los fondos tenían una procedencia lícita debidamente acreditada.
La investigación continuó después de que la exsenadora falleciera en enero de 2024 en Medellín, Colombia. Su muerte no impidió que el proceso relacionado con el dinero decomisado siguiera su curso por la vía legal, hasta llegar a la resolución que ahora favorece al Estado hondureño.
Con esta decisión, Honduras podrá incorporar los recursos a favor del Estado conforme a lo dispuesto por el tribunal. El caso también pone de relieve los procedimientos legales que se aplican cuando las autoridades incautan cantidades de dinero cuyo origen no ha sido acreditado y que permanecen bajo investigación.










