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El Estatus de Protección Temporal (TPS), que ampara a miles de hondureños en Estados Unidos, se ha convertido en un tema de alta sensibilidad no solo migratoria, sino también económica. De acuerdo con el abogado y especialista en temas migratorios Ilich Cornejo, la eventual cancelación de este beneficio podría reducir en hasta 1,000 millones de dólares anuales (unos 26,000 millones de lempiras) los ingresos que llegan a Honduras en concepto de remesas.

“En 2023 Honduras recibió más de 10,000 millones de dólares en remesas, lo que equivale al 25% del Producto Interno Bruto. Si 50,000 compatriotas beneficiados por el TPS son obligados a regresar, se calcula una caída de casi 1,000 millones de dólares en el flujo de divisas”, explicó Cornejo.

Las remesas representan la principal fuente de ingresos externos de Honduras, superando ampliamente a sectores como la maquila, el café o el cacao. Solo en 2024 se recibieron más de 9,700 millones de dólares, recursos que son esenciales para el consumo interno y para la estabilidad de miles de hogares.

Cornejo recordó que en Estados Unidos residen alrededor de dos millones de hondureños, de los cuales 1.2 millones están en condición irregular. Un eventual retorno masivo de migrantes tendría consecuencias sociales y laborales graves, ya que el país no cuenta con capacidad suficiente para absorber esa fuerza de trabajo.

La dependencia de las remesas ha convertido al país en uno de los más vulnerables de la región frente a cambios en la política migratoria de Estados Unidos. Una disminución en el flujo de divisas no solo reduciría el ingreso directo de millones de familias, sino que también afectaría la circulación de dinero en la economía nacional, comprometiendo sectores como comercio, vivienda y servicios.

“Si las remesas bajan, el golpe no es solo para las familias, sino para la economía completa. Estamos hablando de un cuarto del PIB nacional”, advirtió el experto.

Además del posible recorte en remesas, Honduras tendría que enfrentar el retorno masivo de migrantes, lo que pondría presión en el mercado laboral, en los servicios públicos y en los programas sociales del Estado.

De confirmarse la cancelación del TPS, el país afrontaría uno de los escenarios económicos más delicados de los últimos años, con un impacto que, según los expertos, se sentiría directamente en los hogares y en la estabilidad macroeconómica nacional.