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El gobierno hondureño sufrió un revés en su intento por desestimar la demanda de 10,700 millones de dólares interpuesta por la empresa Honduras Próspera Inc. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial. Con esta decisión, el caso continuará su curso en el arbitraje internacional.

La empresa presentó la demanda tras la eliminación del régimen de Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDEs), impulsada por la administración de la presidenta Xiomara Castro a través del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Honduras argumentó que Honduras Próspera Inc. debía agotar primero las instancias legales nacionales antes de recurrir al arbitraje internacional, pero el tribunal del CIADI rechazó esta posición.

Según los portales especializados Law360.com y CIAR Global, el CIADI determinó que Honduras había derogado la parte de su legislación que exigía el agotamiento de los recursos locales antes de presentar una demanda de arbitraje internacional, al adoptar el tratado bajo el cual se presentó la reclamación.

El tribunal también señaló que cualquier intento de Honduras Próspera Inc. de obtener reparación mediante la vía judicial hondureña habría sido "inútil", ya que la Corte Suprema ya había declarado constitucional el decreto que eliminó las ZEDEs. "Si los demandantes hubieran interpuesto el recurso de inconstitucionalidad, como lo defiende ahora Honduras, el resultado habría sido el mismo: la Corte Suprema habría desestimado la acción", se lee en la resolución del CIADI.

El panel del CIADI está compuesto por el árbitro presidente, el Prof. Dr. Juan Fernández-Armesto, y los árbitros Prof. Raúl E. Vinuesa y David W. Rivkin.

Honduras Próspera Inc. sostiene que su proyecto contemplaba la creación de una ciudad de inversionistas en la isla de Roatán y que realizó inversiones millonarias bajo el marco legal de las ZEDEs, el cual les garantizaba 50 años de operación.

Cabe destacar que el gobierno hondureño denunció el tratado del CIADI el 24 de febrero de 2024, siendo su retiro efectivo el 25 de agosto del mismo año. Además de esta demanda, Honduras enfrenta otros 12 litigios por parte de empresas e inversionistas que alegan perjuicios derivados de decisiones gubernamentales recientes.