Honduras extiende por 22ª vez el estado de excepción para combatir la violencia
El Gobierno de Honduras aprobó la vigésima segunda prórroga del estado de excepción parcial, una medida que se mantendrá vigente por 45 días más, hasta el próximo 16 de agosto, con el objetivo de frenar la violencia generada por el crimen organizado en diversas zonas del país
5 de julio de 2025
El Gobierno de Honduras aprobó la vigésima segunda prórroga del estado de excepción parcial, una medida que se mantendrá vigente por 45 días más, hasta el próximo 16 de agosto, con el objetivo de frenar la violencia generada por el crimen organizado en diversas zonas del país. La extensión fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo PCM 22-2025 y publicada en el diario oficial La Gaceta, según confirmó la Secretaría de Seguridad.
Desde diciembre de 2022, Honduras mantiene un estado de excepción parcial con el fin de combatir el crimen organizado y reducir la violencia generalizada, especialmente en zonas dominadas por pandillas como la MS-13 y Barrio 18. Aunque el Gobierno sostiene que esta medida ha sido necesaria para recuperar la seguridad ciudadana, diversos sectores sociales y organismos de derechos humanos han cuestionado su eficacia y el impacto en las libertades civiles.
Implementado originalmente en diciembre de 2022, el estado de excepción autoriza la suspensión de ciertas garantías constitucionales en sectores específicos donde se reportan altos índices de criminalidad. El Ejecutivo argumenta que la medida responde a una situación de “calamidad pública” y “emergencia generalizada”, causada por estructuras delictivas heredadas de administraciones anteriores.
Según el decreto, estas bandas criminales —entre ellas las conocidas maras o pandillas como la MS-13 y la Barrio 18— operan como verdaderas mafias urbanas que amenazan directamente la vida, integridad y bienes de la ciudadanía, incurriendo en delitos como extorsión, asesinatos, robos, secuestros y tráfico de drogas. La Secretaría de Seguridad asegura que, a pesar de los esfuerzos estatales, la capacidad operativa de estas organizaciones sigue siendo alta, lo que obliga al Estado a ejercer su autoridad con firmeza.
El Gobierno justifica la prórroga como “absolutamente necesaria” para continuar las acciones de identificación, localización y captura de miembros del crimen organizado. También sostiene que esta medida contribuye al restablecimiento del orden público y a la protección de los derechos fundamentales de la población.
Sin embargo, esta política ha generado críticas de parte de organizaciones de derechos humanos y sectores civiles que exigen su derogación, argumentando que ha dado lugar a detenciones arbitrarias, abusos de autoridad y restricciones indebidas a las libertades individuales, sin resolver las causas estructurales de la violencia.
Con esta nueva extensión, el estado de excepción se mantiene como uno de los ejes principales de la política de seguridad del gobierno actual, en medio de un debate creciente sobre su impacto, su efectividad real y la necesidad de avanzar hacia soluciones integrales y sostenibles para la crisis de seguridad que enfrenta el país.
