Honduras evita pagar $460 millones tras fallo del CIADI
La disputa comenzó en enero de 2023, cuando JLL Capital presentó una demanda contra el Estado hondureño, alegando que sus inversiones en el país habían sido perjudicadas y que se habían vulnerado las garantías contempladas en el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica.
13 de octubre de 2026
Honduras obtuvo una resolución favorable en un arbitraje internacional que le permitirá evitar el pago de 460 millones de dólares, equivalentes a más de 12,000 millones de lempiras, reclamados por la empresa mexicana JLL Capital. El tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó que no tenía competencia para conocer la controversia, según informó la Procuraduría General de la República (PGR).
La disputa comenzó en enero de 2023, cuando JLL Capital presentó una demanda contra el Estado hondureño, alegando que sus inversiones en el país habían sido perjudicadas y que se habían vulnerado las garantías contempladas en el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica.
El conflicto estaba relacionado con CA Capital, una empresa hondureña vinculada a la firma mexicana que se dedicaba principalmente a otorgar préstamos a empleados públicos mediante deducciones directas de sus salarios. Las diferencias surgidas entre los socios de esa compañía dieron lugar a procesos judiciales en Honduras y, posteriormente, a la controversia internacional.
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, informó que la resolución fue notificada al Estado el 30 de septiembre de 2026. El procedimiento, identificado con el expediente ARB/23/3, se centró en determinar si el tribunal internacional tenía facultades para examinar los reclamos presentados por la empresa mexicana.
Durante el proceso, la defensa hondureña argumentó que el caso estaba relacionado con servicios financieros, un ámbito que, según su interpretación, queda excluido de las disposiciones de protección de inversiones del tratado invocado por JLL Capital. La representación estatal pidió que el tribunal rechazara su competencia para resolver la demanda.
Los árbitros respaldaron esa objeción por mayoría y concluyeron que el CIADI no podía conocer la controversia bajo el marco jurídico presentado. También fue rechazada una solicitud alternativa de la compañía para fundamentar la competencia del tribunal en otro apartado del acuerdo comercial entre México y los países del Triángulo Norte.
El reclamo de 460 millones de dólares representaba una posible obligación económica de gran magnitud para las finanzas públicas hondureñas. Con esta decisión, el Estado queda exento de pagar la compensación solicitada en este procedimiento específico, aunque el fallo no significa que todas las controversias internacionales pendientes contra Honduras hayan sido resueltas.
El caso también vuelve a poner atención sobre la defensa jurídica del país ante demandas relacionadas con inversiones extranjeras. La PGR ha señalado que continuará representando al Estado en este tipo de procesos, mientras Honduras busca fortalecer la seguridad jurídica y mantener mecanismos institucionales para resolver diferencias con inversionistas internacionales.
