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Un nuevo análisis del Instituto de la Justicia, incluido en la sexta entrega del informe “Estado de País 2026”, advierte que en Honduras persiste una marcada desconexión entre los indicadores macroeconómicos y las condiciones reales de vida de la población, especialmente en materia de empleo, pobreza y acceso a alimentos.

El estudio señala que, aunque el país registró en 2025 un crecimiento económico de 3.8%, una inflación controlada de 4.98% y una deuda pública equivalente al 46% del PIB, estos datos no se han traducido en mejoras significativas en el bienestar social. Según el informe, cerca de 786,954 hogares habrían tenido dificultades para cubrir la alimentación básica, con casi una quinta parte de las familias reportando que se han visto obligadas a omitir al menos un tiempo de comida por semana debido al alto costo de los alimentos.

El documento describe esta situación como una contradicción estructural prolongada, donde el avance económico promedio de las últimas dos décadas —estimado en 3.5% anual— no ha logrado sostener mejoras sociales consistentes, debido a factores como inestabilidad institucional, choques climáticos y debilidades en la gobernanza económica.

En el ámbito del empleo, el informe cuestiona la lectura tradicional de la tasa de desempleo, ubicada en 4.9%, al considerar que no refleja la magnitud de la informalidad laboral. De acuerdo con el análisis, alrededor del 80% de los trabajadores opera en condiciones informales, sin acceso a seguridad social ni estabilidad contractual.

Además, se estima que más de 1.6 millones de personas se encuentran en situación de subempleo, mientras que poco más de 200 mil estarían desempleadas. Esta precariedad impacta especialmente a jóvenes entre 15 y 29 años, y contribuye a que una gran parte de los hogares dependa de ingresos inestables o insuficientes.

El estudio también destaca que la alimentación se ha convertido en el principal desafío económico para el 41% de los hogares, lo que refleja el deterioro del poder adquisitivo frente al incremento sostenido del costo de vida.

Ante este escenario, el informe subraya el papel determinante de las remesas familiares como sostén de la economía doméstica. En 2025, el país recibió 12,212 millones de dólares en remesas, equivalentes al 33% del Producto Interno Bruto, provenientes en su mayoría de migrantes residentes en Estados Unidos. Estos recursos benefician a cientos de miles de hogares y superan ampliamente el valor de las exportaciones nacionales.

El documento también plantea una serie de recomendaciones orientadas a transformar el modelo económico. Entre ellas destacan la revisión del esquema de exoneraciones fiscales, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, la modernización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la expansión de energías renovables y una reforma del mercado laboral que incentive la formalización del empleo.

Asimismo, propone impulsar la inversión en infraestructura, vivienda social y formación técnica, así como mejorar la productividad como base para una renegociación más equilibrada del salario mínimo y una ampliación de la cobertura del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El informe concluye que, sin reformas estructurales profundas, el crecimiento económico por sí solo no será suficiente para revertir los niveles de pobreza y vulnerabilidad que afectan a una parte significativa de la población hondureña.