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Honduras ha sido clasificado como un país de “alto riesgo” de tortura en el Índice Global de la Tortura 2025, elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el cual se documentan 268 casos de tortura o tratos crueles entre junio de 2024 y junio de 2025. Las principales víctimas han sido personas detenidas por fuerzas de seguridad, especialmente en postas policiales y centros penitenciarios.

El informe señala que el país presenta niveles “muy altos” de impunidad, malas condiciones de detención y violaciones a los derechos de las víctimas. La representante del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Evelyn Ramírez, responsabilizó a policías y militares como principales perpetradores de estos abusos y advirtió que la impunidad facilita la repetición de estos actos.

Ramírez también criticó el estado de excepción vigente desde 2022, afirmando que ha abierto la puerta a más casos de tortura. Aunque Honduras ha ratificado la Convención y el Protocolo contra la Tortura, la experta considera que falta voluntad política para cumplir con esos compromisos. El CPTRT ha presentado una propuesta de ley específica para erradicar esta práctica.

Carlos Paz, representante de la Pastoral Cáritas de San Pedro Sula, denunció que la tortura en Honduras es sistemática y persistente, y lamentó el incumplimiento de garantías básicas durante las primeras horas de detención, como el derecho a conocer los motivos del arresto y a tener defensa legal inmediata. Señaló que las víctimas han denunciado métodos inhumanos como inmersiones forzadas, asfixia con bolsas y golpes en las plantas de los pies.

Ambas organizaciones urgieron al Estado a reformar el sistema de justicia, eliminar el estado de excepción y garantizar controles judiciales efectivos desde el primer momento de una detención, así como promover una cultura de respeto a los derechos humanos para evitar la normalización de estas prácticas.