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Decenas de pobladores del municipio de El Corpus, ubicado en el departamento de Choluteca, al sur de Honduras, marcharon este viernes para exigir a las autoridades locales y gubernamentales la suspensión inmediata de las concesiones mineras otorgadas sin consulta previa, alegando graves daños ambientales, estructurales y sociales en su comunidad.

La movilización fue liderada por el Comité Municipal de Defensa de la Naturaleza de El Corpus (Comudenc), acompañado por defensores de derechos humanos y representantes de la Pastoral Cáritas de la Iglesia Católica. El recorrido culminó en la Plaza Central y frente al histórico templo católico del municipio, afectado por grietas y filtraciones atribuidas a las operaciones mineras a escasos metros del casco urbano.

Durante la protesta, la ambientalista Gisel Baquedano reclamó que las autoridades, incluida la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía del Medio Ambiente, hagan cumplir una resolución del Instituto Hondureño de Geología y Minas que declara al casco urbano de El Corpus libre de actividad minera.

“Una empresa extranjera está destruyendo nuestras montañas, contaminando nuestras aguas, dañando viviendas y desplazando barrios sin siquiera tener licencia ambiental”, denunció Baquedano, quien subrayó que esta situación es conocida por las autoridades, pero no ha sido frenada. Señaló además la contradicción entre el trato que reciben los migrantes hondureños en el extranjero y la impunidad con la que actúan empresas mineras en el país.

Los manifestantes corearon consignas como “sí a la vida, no a la minería” y “cero extracción de oro, la naturaleza es nuestro mejor tesoro”, mientras exigían la intervención del Estado. Entre sus demandas destacan la cancelación de concesiones otorgadas sin consulta, una auditoría ambiental independiente, y la reparación de los daños ocasionados a las comunidades.

El párroco del municipio, Mamerto Galindo, recordó cómo la calidad de vida de los habitantes se ha deteriorado desde que comenzó la minería a cielo abierto. Denunció que las mineras han ocupado terrenos destinados a proyectos sociales, como un comedor infantil, y que incluso se prevé la eliminación de un importante depósito de agua. También advirtió que las explosiones provocadas por las empresas aumentan el riesgo de desastre ante fenómenos naturales como huracanes o tormentas tropicales.

Una de las principales empresas señaladas, Cerros del Sur, opera en la zona desde hace años sin licencia ambiental, según Comudenc, a pesar de que el 28 de febrero de 2022 el gobierno de Xiomara Castro declaró a Honduras como un país libre de minería a cielo abierto. Sin embargo, denuncias como las de El Corpus revelan la persistencia de esta actividad en diversas regiones del país, en aparente desacato a dicha normativa.

La situación ha dividido a la comunidad entre quienes dependen económicamente de la minería y quienes denuncian su impacto devastador. Los pobladores de El Corpus exigen una respuesta firme del Estado y la aplicación efectiva de leyes y resoluciones ambientales que, hasta ahora, consideran letra muerta.