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Golpe al caso Koriun: decomisan efectivo en vivienda

Durante el operativo, las autoridades aseguraron más de 277 mil lempiras en efectivo, además de moneda extranjera, una contadora de dinero, equipo tecnológico y vehículos que estarían relacionados con las actividades investigadas.

2 de mayo de 2026

El Ministerio Público (MP) ejecutó un allanamiento en una vivienda vinculada al caso Koriun Inversiones, donde se logró el decomiso de dinero en efectivo y otros elementos considerados clave para la investigación de este escándalo financiero.

 

La acción fue realizada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en una residencial de San Pedro Sula, como parte de las diligencias orientadas a desarticular la estructura detrás de Koriun. Este caso ha sido señalado como una de las estafas más grandes recientes en el país, tras denuncias de ciudadanos que aseguran haber perdido sus ahorros en un esquema irregular de inversión.

 

Las investigaciones apuntan a que la empresa operaba bajo un modelo similar a esquemas piramidales, captando dinero con promesas de altas ganancias sin respaldo financiero real, lo que provocó afectaciones a miles de personas en distintas zonas del país.

 

Durante el operativo, las autoridades aseguraron más de 277 mil lempiras en efectivo, además de moneda extranjera, una contadora de dinero, equipo tecnológico y vehículos que estarían relacionados con las actividades investigadas.

 

El inmueble allanado era utilizado por una persona bajo investigación por presunta vinculación con la estructura delictiva. Sin embargo, el sospechoso logró escapar al percatarse de la presencia policial, huyendo en un vehículo y causando daños materiales durante su salida del lugar.

 

Las autoridades indicaron que continúan las diligencias para ubicar al implicado y avanzar en el proceso judicial, mientras se analizan los indicios recolectados como parte de la evidencia del caso.

 

Este nuevo operativo se suma a una serie de acciones ejecutadas por el Ministerio Público para esclarecer el alcance de la presunta estafa y recuperar activos que podrían ser utilizados para resarcir a las víctimas. En paralelo, la presión social de afectados se mantiene, exigiendo respuestas y la devolución de los fondos perdidos.

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