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El Gobierno hondureño comunicó este jueves que el Presupuesto General para 2026 será recortado en alrededor de 39 mil millones de lempiras, con miras a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y contener el incremento del gasto estatal.

Esta reducción deja el monto previsto del presupuesto en aproximadamente 430 mil millones de lempiras, en comparación con los 469 mil millones aprobados por la administración anterior en septiembre de 2025.

En un contexto de ajustes fiscales y reordenamiento del gasto público, el Ejecutivo hondureño anunció una modificación significativa al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2026.

La nueva proyección surge tras una revisión interna realizada por el Gobierno, buscando contener el crecimiento del gasto estatal y promover una mayor disciplina financiera.

El anuncio fue hecho por el secretario de Prensa de Casa de Gobierno, José Argueta, quien explicó que esta decisión forma parte de una revisión detallada del gasto público y de la estructura administrativa del Estado.

Según las autoridades, se detectaron incrementos significativos en la planilla estatal, con un aumento de 20 mil millones de lempiras anuales en el gasto salarial dentro de la administración central y 33 mil millones si se considera el resto de instituciones y poderes del Estado.

El recorte presupuestario responde a una estrategia para optimizar recursos, eliminar duplicidades y reorientar fondos hacia áreas prioritarias.

Entre las medidas adoptadas se contempla la fusión de instituciones con funciones similares, la eliminación de gastos en alquiler de vehículos blindados, así como recortes en el consumo de combustible y el arrendamiento de edificios que se consideraron innecesarios.

Según las estimaciones oficiales, estas acciones permitirán un ahorro mensual de alrededor de 600 millones de lempiras, lo que equivale a unos 7 500 millones de lempiras al año que podrán ser destinados a programas esenciales o al fortalecimiento de servicios públicos.

Como parte del proceso, cada titular de secretaría de Estado debe presentar en las próximas semanas un informe pormenorizado sobre la situación financiera y operativa de su dependencia, con el fin de incorporar estos datos en la planificación del gasto y asegurar mayor transparencia en la ejecución presupuestaria.

El Ejecutivo afirma que estos ajustes son necesarios para garantizar la sostenibilidad fiscal del país, en un momento de retos económicos tanto a nivel nacional como internacional.

Las autoridades también han señalado que este enfoque permitirá fortalecer áreas estratégicas como salud, educación, seguridad y desarrollo de infraestructura crítica.

El proyecto de presupuesto reformulado será remitido al Congreso Nacional para su análisis, discusión y aprobación, dando paso así a la siguiente etapa del proceso legislativo que definirá el marco financiero del Estado para el próximo año fiscal.