Gobierno prepara ofensiva legal contra grupos criminales
La medida se sustenta en las reformas recientes al Código Penal, que ampliaron la figura de asociación terrorista para incluir determinadas estructuras criminales nacionales o transnacionales vinculadas con violencia, amenazas, intimidación y control territorial.
21 de septiembre de 2026
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales que operan en Honduras, como parte de una nueva estrategia para fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado. Las autoridades decidieron mantener en reserva los nombres de los grupos mientras se preparan nuevas acciones de seguridad.
La decisión fue adoptada durante una reunión del CNDS celebrada el viernes 18 de septiembre en Casa Presidencial, encabezada por el presidente Nasry Asfura y con participación de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de las instituciones de seguridad y justicia.
La medida se sustenta en las reformas recientes al Código Penal, que ampliaron la figura de asociación terrorista para incluir determinadas estructuras criminales nacionales o transnacionales vinculadas con violencia, amenazas, intimidación y control territorial.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó la declaratoria y explicó que los nombres de las tres organizaciones no serán divulgados por ahora. Según las autoridades, la reserva busca evitar que los grupos conozcan anticipadamente las operaciones que serán ejecutadas en su contra.
Entre las medidas anunciadas figura la creación de un circuito especializado para delitos relacionados con terrorismo, con jueces, fiscales y una Corte de Apelaciones encargados de conocer estos casos. También se aprobó el reglamento de la Agencia Nacional contra el Crimen, destinada a coordinar el trabajo de las instituciones de seguridad y justicia.
En materia penitenciaria, el Congreso prevé discutir una reforma para establecer un régimen especial de comunicación para personas vinculadas con estas estructuras. La propuesta también contempla el traslado a módulos de máxima seguridad de reclusos considerados de alta peligrosidad, incluso cuando se encuentren en prisión preventiva, según lo anunciado por Zambrano.
Las autoridades también descartaron, por ahora, restablecer un estado de excepción y plantearon utilizar las nuevas herramientas legales, junto con una mayor coordinación entre Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía y órganos jurisdiccionales.
El Gobierno sostiene que estas acciones buscan ampliar la capacidad de respuesta frente a organizaciones que generan violencia y afectan a comunidades y sectores productivos. La aplicación práctica de las nuevas disposiciones quedará vinculada a las investigaciones y procedimientos que desarrollen los organismos de seguridad y justicia.
