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Un total de 63 comunidades de nueve departamentos de Honduras finalmente tendrán acceso a la energía eléctrica, luego de que la presidenta Xiomara Castro hiciera entrega oficial de materiales para la implementación de proyectos de electrificación rural. La inversión destinada es de 64.1 millones de lempiras, y beneficiará directamente a más de 16 mil habitantes en 3,218 viviendas, que durante años vivieron sin electricidad.

Como parte de una inversión histórica en infraestructura eléctrica, se entregaron insumos para llevar energía a decenas de comunidades que históricamente habían estado excluidas del servicio básico. Esta acción forma parte de una política más amplia de desarrollo en zonas remotas y de combate a la desigualdad energética.

La entrega simbólica se realizó en la Subestación Miraflores, en Tegucigalpa, donde se detalló que los insumos consisten en 2,953 postes de madera, 1,535 luminarias LED, 249 transformadores y 709.7 kilómetros de cableado especializado.

Este esfuerzo forma parte de 560 proyectos de electrificación que el gobierno espera culminar al 27 de enero de 2026, con una inversión histórica de 1,130 millones de lempiras provenientes de fondos nacionales.

“Este pueblo sufrió durante 12 años siete meses el abandono. Hoy estamos demostrando, al gobernar de forma transparente, que sí se puede cuando hay voluntad política”, declaró la mandataria, enfatizando que su administración está enfocada en “refundar la patria” con acciones concretas en sectores clave como educación, salud, energía, infraestructura y seguridad.

Castro criticó el abandono que sufrieron estas comunidades durante gobiernos anteriores, a los que denominó “la narcodictadura”, y destacó que los proyectos de electrificación se concentran en zonas remotas de Atlántida, Choluteca, Colón, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, Olancho y Yoro.

Además, la presidenta aprovechó para responder a críticas de la oposición, aclarando que su gobierno sí ha avanzado en gestiones como la solicitud formal de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) ante la ONU. También explicó por qué no eliminó los peajes —el costo para el Estado hubiese sido de 160 millones de dólares— y defendió su decisión de no vender el avión presidencial por menos de su valor real.

Con este paso, el gobierno de Castro busca cerrar brechas históricas en el acceso a servicios básicos y cumplir su promesa de llevar progreso a los sectores más olvidados del país.