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El Gobierno aprobó el PCM 015-2026, una disposición que declara de utilidad pública los terrenos y porciones de inmuebles necesarios para liberar el derecho de vía del libramiento sur de Tegucigalpa, proyecto que busca ofrecer una nueva conexión entre el anillo periférico y la salida hacia el sur del país.

La decisión fue adoptada durante una sesión del Consejo de Ministros y anunciada en Casa de Gobierno por el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, acompañado por funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y el asesor legal presidencial, Roberto Zacapa.

El proyecto contempla la construcción de aproximadamente ocho kilómetros de carretera, desde el sector de La Cañada, en el anillo periférico, hasta el kilómetro 7.5 de El Tizatillo, sobre la carretera CA-5 Sur.

La nueva ruta pretende convertirse en una alternativa para los conductores que actualmente utilizan los principales accesos de la zona sur de Tegucigalpa. Según las autoridades, por este corredor se movilizan diariamente más de 35 mil vehículos, generando importantes tiempos de desplazamiento.

La situación afecta especialmente a personas que se trasladan entre la capital y municipios como Ojojona, Santa Ana, San Buenaventura, El Tizatillo y Sabanagrande, donde los recorridos pueden extenderse durante varias horas debido a la congestión y las condiciones actuales de circulación.

La subsecretaria de Infraestructura y Transporte, Liana Martínez, explicó que la obra recibió la orden de inicio el 29 de septiembre de 2025 y originalmente se estableció un período de ejecución de 24 meses.

Sin embargo, las dificultades para obtener la totalidad del derecho de vía han impedido que los trabajos avancen conforme al calendario previsto. La funcionaria señaló que actualmente el proyecto acumula alrededor de siete meses de retraso.

Martínez indicó que ya se han desarrollado labores de terracería en algunos puntos, pero todavía existen sectores que deben ser habilitados para permitir el ingreso de maquinaria y la instalación de equipos necesarios para producir concreto.

Una vez solucionados estos obstáculos, la SIT espera avanzar hacia las siguientes etapas de la obra, entre ellas la preparación de las estructuras requeridas para posteriormente ejecutar los trabajos de pavimentación.

El asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa, explicó que la declaratoria se fundamenta en disposiciones de la Constitución de la República y en la legislación especial relacionada con proyectos de infraestructura pública.

La medida permitirá incorporar al proyecto los terrenos que sean indispensables para completar el trazado de la carretera. No obstante, el Gobierno aseguró que los propietarios de los inmuebles afectados deberán recibir el justiprecio correspondiente.

Después de la declaratoria, las autoridades deberán notificar a los propietarios y continuar con el proceso establecido para determinar y efectuar las compensaciones.

En aquellos casos en que un propietario no esté de acuerdo con el monto ofrecido, el dinero podrá ser consignado ante el juzgado civil competente o depositado en una institución bancaria, quedando reservado para quien corresponda.

Además, los afectados mantienen la posibilidad de recurrir ante las instancias judiciales para cuestionar el valor establecido, de acuerdo con los mecanismos contemplados en la legislación hondureña.

El Gobierno sostiene que la liberación del derecho de vía constituye uno de los pasos fundamentales para recuperar el ritmo de construcción del libramiento sur.

La obra es considerada estratégica debido al volumen de vehículos que utilizan diariamente la salida sur de Tegucigalpa. Su eventual puesta en funcionamiento permitiría distribuir parte del tránsito hacia una ruta alterna y reducir la presión sobre los corredores existentes.

Las autoridades también consideran que una conexión más directa podría representar un ahorro de tiempo y combustible para quienes se movilizan entre la capital y las comunidades ubicadas al sur del departamento de Francisco Morazán.

Con la aprobación del PCM 015-2026, el Gobierno pretende superar el principal obstáculo que ha limitado el desarrollo del proyecto y acelerar los trabajos pendientes, manteniendo como parte del proceso la compensación económica a los propietarios cuyos terrenos sean requeridos para completar el derecho de vía.