Gobierno destina L. 5 mil millones para prestaciones
La asignación de este fondo se da en un escenario de revisión estructural del aparato público, donde se han detectado inconsistencias en planillas, incluyendo registros duplicados o sin respaldo legal, lo que ha motivado controles más estrictos en el manejo de recursos.

31 de marzo de 2026
El Gobierno de Honduras ha dispuesto un fondo de hasta cinco mil millones de lempiras para cubrir el pago de prestaciones laborales a empleados públicos que dejarán sus cargos como parte del proceso de reorganización estatal.
La Secretaría de Finanzas confirmó que estos recursos están orientados a garantizar derechos como cesantías y beneficios acumulados, en medio de ajustes administrativos que implican la salida de personal en distintas instituciones.
Las autoridades señalaron que el desembolso se realizará de forma progresiva, conforme cada dependencia presente la documentación correspondiente y se validen los expedientes laborales.
La asignación de este fondo se da en un escenario de revisión estructural del aparato público, donde se han detectado inconsistencias en planillas, incluyendo registros duplicados o sin respaldo legal, lo que ha motivado controles más estrictos en el manejo de recursos.
El monto proyectado, que oscila entre cuatro y cinco mil millones de lempiras, podría incrementarse dependiendo de los reportes que envíen las instituciones del Estado a medida que avance el proceso de depuración administrativa.
Además, una comisión liquidadora es la encargada de evaluar caso por caso y gestionar la asignación de fondos, en un esfuerzo por ordenar las finanzas públicas y garantizar que los pagos se realicen únicamente a quienes cumplan con los requisitos legales.
Las autoridades financieras subrayaron que no se autorizarán pagos a planillas consideradas irregulares, como aquellas catalogadas como “fantasma” o sin documentación de respaldo, en línea con las medidas de transparencia implementadas.
Este proceso forma parte de una estrategia más amplia orientada a optimizar el gasto público y reorganizar el recurso humano en el Estado, en medio de un contexto de ajustes institucionales.
Con la habilitación de estos fondos, el Gobierno busca cumplir con las obligaciones laborales pendientes, al tiempo que avanza en la depuración del sistema administrativo para evitar futuras irregularidades.










