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El Gobierno de Honduras aprobó una emergencia sanitaria nacional tras la detección de casos de influenza aviar de alta patogenicidad (H5) en aves silvestres y en una granja reproductora ubicada en Santa Bárbara. Paralelamente, las autoridades decidieron extender el período de transición administrativa de varios proyectos financiados por organismos internacionales para evitar retrasos en su ejecución y garantizar la continuidad de inversiones estratégicas en sectores clave.

El Consejo de Secretarios de Estado aprobó este sábado una serie de medidas orientadas a fortalecer la respuesta del país ante la emergencia sanitaria provocada por la influenza aviar y asegurar la continuidad de importantes programas de desarrollo financiados con cooperación internacional.

La sesión fue presidida de manera virtual por el presidente Nasry Asfura, quien junto a su gabinete dio luz verde a dos decretos ejecutivos que buscan proteger la salud animal, la seguridad alimentaria y la ejecución de proyectos prioritarios para el país.

Mediante el PCM-012-2026, el Gobierno declaró emergencia sanitaria por influenza aviar de alta patogenicidad (H5) durante un período de 180 días en todo el territorio nacional. La decisión se tomó luego de confirmarse la presencia del virus en aves silvestres y un foco de infección en una granja de aves reproductoras en el departamento de Santa Bárbara.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, explicó que la detección fue confirmada por especialistas del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) y posteriormente validada por un laboratorio internacional, lo que permitió activar de inmediato los protocolos establecidos para contener la enfermedad.

Las autoridades informaron que el brote fue controlado mediante la eliminación sanitaria de las aves afectadas y aseguraron que el suministro de carne de pollo y huevos para la población no corre riesgo. Según indicaron, la granja involucrada se dedica a la reproducción avícola y existen otros centros de producción operando normalmente, además de mecanismos de importación autorizados para garantizar el abastecimiento nacional.

Por su parte, el director de Senasa, Rafael Rodríguez, detalló que se mantiene una vigilancia epidemiológica constante en más de 200 comunidades del país, donde se han realizado inspecciones, muestreos y pruebas de laboratorio para monitorear la situación. Asimismo, señaló que no se han detectado nuevos casos en aves domésticas durante los últimos días.

Como parte de las acciones de respuesta, el decreto autoriza la asignación de 20 millones de lempiras destinados a fortalecer las labores de prevención, monitoreo, control y erradicación de la enfermedad, así como la contratación de recursos necesarios para atender la emergencia bajo mecanismos de transparencia.

En la misma reunión, el Consejo de Ministros aprobó el PCM-013-2026, que extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 el proceso de transición de varias unidades ejecutoras encargadas de administrar proyectos financiados por organismos multilaterales.

La medida permitirá que iniciativas relacionadas con infraestructura, agua potable, saneamiento y salud continúen desarrollándose sin interrupciones mientras se completan los cambios institucionales previstos.

Entre los proyectos incluidos figura un programa de agua potable y saneamiento financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya ejecución será transferida a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y a la Alcaldía Municipal del Distrito Central. De igual forma, un proyecto de desarrollo infantil temprano apoyado por el Banco Mundial pasará a ser administrado por la Secretaría de Salud.

Las autoridades señalaron que la Secretaría de Finanzas será la encargada de coordinar los procesos administrativos, presupuestarios y legales necesarios para concretar estas transferencias, garantizando que no se afecte la ejecución de las obras ni los compromisos adquiridos con los organismos cooperantes.

Con estas decisiones, el Gobierno busca fortalecer la capacidad de respuesta ante riesgos sanitarios y, al mismo tiempo, asegurar que los programas de inversión continúen aportando al desarrollo económico y social del país.