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El Gobierno de Honduras oficializó un acuerdo con las principales empresas cementeras del país para congelar el precio del cemento durante un periodo inicial de seis meses, como parte de una medida orientada a estabilizar el mercado de la construcción y brindar alivio a los consumidores ante posibles variaciones de costos en el sector.

El compromiso fue establecido mediante la firma de un Acta de Compromiso entre el Estado y las compañías CENOSA, ARGOS y DURACEM, tras un proceso de diálogo impulsado por autoridades del Ejecutivo y coordinado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Según lo informado, el objetivo principal de la decisión es mantener la estabilidad de precios en uno de los materiales más importantes para la industria de la construcción, además de asegurar el abastecimiento en el mercado nacional y reducir la incertidumbre en el sector productivo.

El Gobierno también aclaró que la medida se enmarca dentro de la implementación del Reglamento Técnico Hondureño para Cemento Hidráulico, el cual —según las autoridades— está alineado con estándares internacionales y no limita la importación ni la competencia, sino que establece controles de calidad y verificación del producto.

Asimismo, el comunicado oficial enfatiza que no existen disposiciones que impliquen aumentos automáticos de precios ni riesgos de desabastecimiento, y que el país mantiene capacidad suficiente de producción e importación para cubrir la demanda interna.

En los últimos meses, el sector construcción ha estado bajo atención por posibles ajustes en costos de materiales, lo que generó preocupación en distintos actores económicos. En ese escenario, el acuerdo busca funcionar como una medida de contención temporal mientras se consolidan los nuevos lineamientos técnicos del mercado cementero.

Las autoridades sostienen que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la estabilidad económica, proteger al consumidor y mantener condiciones previsibles para la inversión en infraestructura.

El compromiso tendrá una vigencia inicial de seis meses, periodo durante el cual se espera evaluar el comportamiento del mercado y determinar si es necesario extender o ajustar la medida en función de la dinámica económica del país.