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El Gobierno de Honduras tramita un paquete de préstamos por un total de 1,040 millones de dólares para los últimos cuatro meses de su mandato, según advirtieron legisladores de la oposición. La propuesta incluye financiamiento a través del Banco Central de Honduras (BCH), la Asociación Internacional para el Fomento (AIF) y bonos temáticos.

Carlos Umaña, jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), señaló que de este monto, aproximadamente 170 millones de dólares provendrían del BCH como apoyo presupuestario.

“Ya en el primer año de esta administración se utilizaron mil millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central para financiar el presupuesto”, recordó Umaña, alertando sobre el impacto que podría tener este nuevo endeudamiento en las finanzas del país.

El diputado opositor Jorge Zelaya indicó que este paquete de préstamos probablemente no pasará en el pleno del Congreso Nacional, pero advirtió que existe la posibilidad de que sea aprobado durante recesos o en sesiones con ausencia de miembros de la oposición.

“El problema es que muchos diputados de oposición se ausentan de las sesiones y entonces se aprueban este tipo de proyectos”, criticó Zelaya, instando a sus colegas a mantenerse presentes para evitar decisiones de este tipo.

El debate sobre este financiamiento llega en un contexto de preocupación por la sostenibilidad fiscal y el manejo de la deuda pública, especialmente considerando que gran parte de los recursos del Banco Central ya fueron utilizados en ejercicios presupuestarios anteriores. Expertos financieros señalan que endeudamientos significativos en períodos cortos de gestión pueden generar presiones sobre las finanzas futuras y limitar la capacidad del próximo gobierno para ejecutar sus políticas.

Analistas también advierten sobre la importancia de la transparencia en la tramitación de estos préstamos y recomiendan un monitoreo constante del uso de los recursos, así como la evaluación de su impacto en la economía nacional. Para la oposición, mantener la vigilancia en el Congreso es fundamental para garantizar que cualquier decisión de endeudamiento se ajuste a la legalidad y al interés público.