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Honduras puso en vigencia nuevas disposiciones legales para reforzar la lucha contra el crimen organizado, las maras, pandillas y organizaciones terroristas.

Las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, publicadas en el diario oficial La Gaceta, contemplan penas de hasta cadena perpetua para los cabecillas de asociaciones terroristas y otorgan mayores herramientas jurídicas a las instituciones encargadas de combatir estas estructuras.

Las modificaciones forman parte de una estrategia gubernamental orientada a enfrentar las organizaciones criminales, reducir la violencia y combatir delitos como la extorsión, que durante años han afectado la seguridad de las familias y las actividades económicas en distintas regiones del país.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Casa Presidencial, autoridades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad explicaron los alcances de las nuevas disposiciones y destacaron la importancia de fortalecer la respuesta del Estado frente a las estructuras delictivas.

El secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, señaló que las acciones gubernamentales deben desarrollarse bajo principios de respeto a los derechos humanos, mientras que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, manifestó el respaldo del Poder Legislativo a las instituciones responsables de garantizar la seguridad ciudadana.

Zambrano aseguró que el Congreso mantendrá su apoyo a los operadores de justicia para que puedan ejercer sus funciones con mayores recursos legales.

Asimismo, expresó que el país necesita recuperar el orden y avanzar en el combate contra las organizaciones que generan temor e inseguridad en las comunidades.

Las reformas también apuntan a mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de la investigación, persecución penal y aplicación de justicia, con el propósito de evitar que las estructuras criminales continúen operando y ampliando su influencia.

Con la entrada en vigor de estos cambios, el Gobierno busca fortalecer el marco jurídico para enfrentar a las organizaciones delictivas.

El alcance de las medidas dependerá ahora de su aplicación por parte de las autoridades policiales, fiscales y judiciales, así como de las garantías legales que acompañen los procesos.