Gerente de la ENAG podría ser investigado por omisión en elecciones
Representantes del CNE han sostenido que la declaratoria sí fue llevada físicamente a la ENAG, pero no recogida formalmente, lo que pone en entredicho la versión oficial del gerente.
13 de enero de 2026
La posibilidad de que el gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) enfrente responsabilidades penales ha generado debate en el ámbito político y legal del país, luego de que se conociera que la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales de 2025 no fue recepcionada para su publicación en el diario oficial La Gaceta.
El funcionario en cuestión, Edis Antonio Moncada Eguigure, está bajo la lupa debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) intentó entregar la documentación con la declaratoria en dos ocasiones, pero habría sido rechazada por la ENAG por falta de personal autorizado para recibirla. Si se comprueba que existió una omisión deliberada en el cumplimiento de las funciones de la institución, esto podría implicar sanciones penales por desacato o desobediencia a una autoridad con rango constitucional.
Representantes del CNE han sostenido que la declaratoria sí fue llevada físicamente a la ENAG, pero no recogida formalmente, lo que pone en entredicho la versión oficial del gerente. Las actas notariales que documentan los intentos de entrega fechadas el 24 y el 31 de diciembre de 2025 son clave para determinar si hubo una falla administrativa o una omisión con tintes políticos.
Especialistas en derecho penal afirman que, de confirmarse que el gerente no acató la orden de publicación del documento electoral, podría enfrentarse a un proceso por omisión de funciones o desacato, delitos que contemplan consecuencias legales importantes según la normativa hondureña. Además, sectores de la sociedad civil y expertos en justicia han señalado la necesidad de una investigación exhaustiva del Ministerio Público (MP) para esclarecer el rol de la ENAG en este incidente.
La legislación administrativa establece procedimientos claros para la recepción y publicación de documentos oficiales, y la eventual ausencia de cumplimiento puede ser vista como una violación a los deberes de funcionario público si se demuestra que se actuó con negligencia o intencionalidad.
Por su parte, defensores del gerente han sostenido que la institución solo publica lo que recibe de forma oficial y que no hubo mala fe en la gestión de la ENAG, aunque esta versión ha sido cuestionada por expertos que revisan las actas notariales donde consta que el CNE sí presentó la documentación en los horarios y lugares correspondientes.
El caso se suma a un clima de controversia política y legal en torno al cierre del proceso electoral 2025, marcado por tensiones entre diferentes poderes del Estado y debates sobre institucionalidad, transparencia y cumplimiento de la ley en el manejo de actos oficiales electorales.
Las próximas semanas serán clave para definir si el gerente de la ENAG enfrenta cargos formales, o si la investigación arroja conclusiones que descarten la responsabilidad penal en este episodio que ha acaparado la atención pública.
