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La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró recientemente que el gobierno de Nicolás Maduro estaría financiando el uso de rutas aéreas en Centroamérica para el traslado de drogas hacia Norteamérica, señalando directamente el paso por territorio hondureño como parte de esa operación.

Bondi detalló que, según las investigaciones estadounidenses, el régimen venezolano destina recursos económicos para asegurar que aeronaves cargadas con estupefacientes puedan cruzar el espacio aéreo de manera libre y sin ser detectadas. Dichas rutas tendrían como punto de tránsito Honduras, continuando hacia Guatemala y México, antes de llegar a su destino final en Estados Unidos.

Las declaraciones se produjeron en el marco de un informe que incluye la incautación de bienes valorados en más de 700 millones de dólares, presuntamente vinculados a operaciones ilícitas lideradas por Maduro y su círculo cercano. De acuerdo con Bondi, estas acciones forman parte de un esquema criminal que combina el narcotráfico con el uso indebido de canales oficiales y acuerdos clandestinos para facilitar el paso de aeronaves cargadas de droga.

La funcionaria señaló que la cooperación internacional será clave para desarticular estas redes. “Se trata de operaciones bien financiadas, que requieren un esfuerzo conjunto entre gobiernos para cerrarle el paso a las organizaciones criminales que usan a Centroamérica como corredor del narcotráfico”, afirmó.

Honduras, por su ubicación estratégica en la región, ha sido históricamente considerada un punto vulnerable dentro de la ruta de la droga. Expertos en seguridad han advertido que, si bien el país ha incrementado las operaciones de interdicción aérea y marítima en los últimos años, la corrupción institucional y las limitaciones tecnológicas siguen siendo factores que facilitan el ingreso y tránsito de cargamentos ilegales.

La denuncia de Bondi podría tener repercusiones diplomáticas, ya que coloca a Honduras nuevamente bajo el foco de la comunidad internacional en materia de control del narcotráfico. Asimismo, incrementa la presión para que las autoridades nacionales fortalezcan los mecanismos de vigilancia aérea y cooperen activamente con las agencias de seguridad extranjeras.

Analistas consideran que este tipo de acusaciones también podría influir en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y los países centroamericanos señalados en la ruta.

Las investigaciones, según fuentes oficiales, continúan abiertas y podrían derivar en nuevas acciones legales contra personas o instituciones involucradas.

Con este pronunciamiento, la administración estadounidense envía un mensaje contundente de que seguirá persiguiendo no solo a los líderes de las redes criminales, sino también a los gobiernos o funcionarios que faciliten, directa o indirectamente, el tránsito de drogas hacia su territorio.