Funcionaria denuncia irregularidades en salarios, plazas y contrataciones públicas
La funcionaria señaló que este tipo de ajustes salariales se habría efectuado “a raja tabla” y sin seguir los pasos establecidos en la normativa vigente, y que en algunos casos se beneficiaron figuras políticas cercanas al antiguo gobierno.
3 de marzo de 2026
La designada presidencial María Antonieta Mejía volvió a expresar este lunes una serie de señalamientos contra la gestión anterior del Gobierno, apuntando a incrementos salariales irregulares, contrataciones masivas sin claridad y posibles anomalías en entidades clave del Estado, según declaraciones ofrecidas a medios de comunicación.
Mejía aseguró que alrededor de cinco mil maestros habrían sido trasladados de su jornada habitual a un esquema de “asistencias técnicas”, lo que provocó que sus ingresos pasaran de unos 34000 lempiras a aproximadamente 75000 lempiras mensuales, sin que existiera un proceso transparente para justificar esos cambios ni evidencias claras que los avalaran.
La funcionaria señaló que este tipo de ajustes salariales se habría efectuado “a raja tabla” y sin seguir los pasos establecidos en la normativa vigente, y que en algunos casos se beneficiaron figuras políticas cercanas al antiguo gobierno, mientras que otros docentes no vieron mejoras similares en sus condiciones laborales.
Además, Mejía denunció la presencia de contrataciones abundantes de profesionales cubanos en los sectores de Salud y Educación, aunque aún se desconoce cuántos extranjeros fueron incorporados, bajo qué condiciones y con qué acuerdos, por lo que aseguró que la nueva administración busca clarificar esos convenios y su impacto presupuestario.
La designada también hizo referencia a otras supuestas irregularidades, como plazas en el Sistema 911 que habrían sido concedidas sin respaldo técnico ni presupuestario, así como la existencia de beneficios o instalaciones vinculadas a la Presidencia, describiendo un “modus operandi” que calificó de favoritismo y falta de transparencia.
Mejía indicó que los equipos jurídicos y técnicos correspondientes están revisando cada una de estas situaciones para determinar si existen vicios de nulidad, violaciones administrativas o responsabilidad legal por parte de quienes autorizaron esos cambios sin respaldo documental.
Las declaraciones se dan en un contexto de intensas revisiones en varias dependencias estatales por parte de la nueva administración, que ha señalado la necesidad de recuperar el control de los recursos públicos y garantizar que los procesos de contratación y ajustes salariales se apeguen a la ley.
