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Luis Javier Santos, titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), lanzó una fuerte advertencia sobre el retroceso en la lucha contra la corrupción y el acceso a la información pública durante el actual gobierno hondureño, al punto de considerar renunciar a su cargo.

Santos denunció que, pese a la eliminación de la Ley de Secretos, el acceso a información clave para investigaciones ha disminuido notablemente. Señaló que la UFERCO ya no puede consultar registros esenciales como bases de datos sobre propiedad de vehículos, información tributaria y otras bases institucionales que eran fundamentales para rastrear redes corruptas. “Puede ser que en la oscuridad estén pasando peores cosas, o menos cosas, pero ante ese desconocimiento, pues no lo sabemos. Eso lo vamos a saber hasta que llegue un nuevo gobierno”, alertó.

El fiscal relató que ha pensado seriamente en poner a disposición su cargo, porque “no veo claro hacia dónde va la lucha contra la corrupción” y considera que funcionarios nuevos dentro del Ministerio Público no comprenden la complejidad de las redes corruptas ni el rol de los políticos en ellas. Reconoció que “no se puede seguir toda la vida luchando contra la corriente” en un sistema que no parece tener voluntad real de enfrentar la corrupción.

Respecto a los avances judiciales, Santos lamentó la ausencia de sentencias efectivas: “Dentro del MP se investiga, pero no hay sentencias… ni los casos de la MACCI han llegado a sentencia”. Denunció que los mayores obstáculos provienen del Poder Judicial, que ha frenado procesos clave sin explicación clara.

Sobre la propuesta de instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), expresó que para que esto ocurra “al menos que surja una verdadera exigencia por parte de la sociedad, no llegará ninguna misión internacional”. Subrayó la indiferencia ciudadana y la necesidad de una movilización genuina y constante, más allá de declaraciones o foros públicos.

Luis Javier Santos también apuntó a un problema cultural más profundo: la corrupción es vista como parte de la dinámica del poder público, donde “el funcionario quiere demostrar poder teniendo los mejores bienes, y para eso necesita dinero de la corrupción”.

Finalmente, advirtió que sin la voluntad política y un cambio integral en el sistema de justicia, “así como está el sistema en Honduras, es muy difícil cambiar la corrupción. Esto va a seguir por muchos años”.

Las declaraciones de Santos refuerzan la percepción de que la corrupción y la impunidad siguen profundamente arraigadas en el sistema hondureño, con un debilitamiento institucional que obstaculiza el acceso a la justicia y la transparencia, generando un ambiente donde la lucha anticorrupción enfrenta serias dificultades para avanzar.