Fiscal general dice no temer juicio político
El funcionario defendió su gestión, indicando que la institución sigue adelante con múltiples requerimientos fiscales y procesos judiciales, pese a las críticas y presiones políticas.
14 de enero de 2026
El Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, afirmó con firmeza este miércoles que no le preocupa la posibilidad de enfrentar un juicio político promovido por sectores del Congreso Nacional, y aseguró que está preparado para dejar el cargo “mañana” o mantenerse en funciones hasta que concluya su periodo, el 28 de febrero de 2029.
Zelaya, quien dirige el Ministerio Público en un contexto de fuertes tensiones políticas, señaló que quienes impulsan la iniciativa de juicio político son aquellos que están “incómodos” con el trabajo de la Fiscalía. El funcionario defendió su gestión, indicando que la institución sigue adelante con múltiples requerimientos fiscales y procesos judiciales, pese a las críticas y presiones políticas.
La advertencia del fiscal se produce mientras algunos diputados de las bancadas de oposición han explorado desde finales de 2025 la posibilidad de interpelar o incluso llevar al titular del MP ante un juicio político, acusándolo de actos que, según ellos, ponen en riesgo el equilibrio de poderes y el respeto a la legalidad.
Johel Zelaya fue designado en el cargo tras un proceso parlamentario en 2024 y su mandato está previsto hasta 2029, aunque su gestión ha sido objeto de debates constantes sobre independencia institucional y carácter de las acciones legales del Ministerio Público.
La confrontación política alrededor de su figura refleja un clima de polarización en Honduras, donde el desempeño de la Fiscalía en casos de alto perfil incluyendo investigaciones contra figuras públicas relevantes ha generado cuestionamientos sobre posibles motivaciones políticas detrás de decisiones judiciales.
Zelaya insistió en que no alterará su agenda de trabajo ni se dejará influenciar por presiones externas, reafirmando que su compromiso está con la aplicación de la ley y la persecución de delitos independientemente de los actores involucrados.
La discusión sobre un eventual juicio político aun no tiene una fecha concreta en el calendario legislativo, pero el pronunciamiento del fiscal pone de relieve la tensión entre los poderes del Estado y la expectativa de algunos sectores de que su administración rinda cuentas ante el pleno del Congreso.
